La adjudicación de contratos públicos en España ha sido un tema recurrente de controversia y debate, especialmente cuando se trata de grandes obras de infraestructura. Un caso reciente que ha captado la atención es el de Levantina Ingeniería y Construcciones SL (LIC), que ha sido objeto de investigación por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debido a presuntas irregularidades en la obtención de contratos. En junio de 2022, LIC recibió una adjudicación de cuatro millones de euros de Adif para una obra en la Línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Girona, lo que ha suscitado numerosas preguntas sobre la transparencia y la ética en los procesos de contratación pública.
La adjudicación se realizó en un contexto complicado, ya que la empresa fue seleccionada a pesar de que su puntuación en los criterios evaluables mediante fórmulas fue la segunda más alta, superada por otra unión temporal de empresas (UTE). Sin embargo, la valoración de criterios no evaluables mediante fórmulas, que son inherentemente subjetivos, resultó ser decisiva. Este tipo de criterios incluyen aspectos como la calidad del proyecto y la memoria de trabajo, donde LIC obtuvo puntuaciones sobresalientes. Los evaluadores, que ocupaban posiciones clave en Adif, elogiaron la coherencia y la calidad de la propuesta de LIC, lo que llevó a la adjudicación final.
### La Influencia de la Subjetividad en la Adjudicación
Uno de los aspectos más controvertidos de este caso es la utilización de criterios no objetivos en la evaluación de las propuestas. La empresa Levantina logró una puntuación total de 38,82, superando a sus competidores más cercanos, Murias y Rubau, que obtuvieron 37,12 y 36,76, respectivamente. Este tipo de evaluación ha sido criticada por su falta de transparencia y por permitir que factores subjetivos influyan en decisiones que deberían basarse en méritos claros y cuantificables.
La UCO ha señalado que la adjudicación de contratos a LIC se produjo en un contexto en el que Koldo García, un personaje central en el caso de corrupción conocido como ‘caso Koldo’, había instado a la directora de Adif, Isabel Pardo de Vera, a otorgar contratos a la empresa debido a sus problemas económicos. Esta conexión plantea serias dudas sobre la integridad del proceso de adjudicación y sugiere que las decisiones pueden haber estado influenciadas por intereses personales y relaciones de amistad en lugar de criterios estrictamente profesionales.
Además, la oferta económica de LIC no fue la más competitiva. La UTE que obtuvo la puntuación más alta en los criterios objetivos presentó una oferta de 3.241.722,95 euros, que era inferior a la de LIC, que ascendía a 3.310.108,24 euros. Esto indica que, a pesar de no ser la mejor oferta económica, la empresa logró ganar el contrato gracias a su puntuación en los criterios subjetivos, lo que ha generado un debate sobre la validez de tales métodos de evaluación.
### Implicaciones para la Transparencia en la Contratación Pública
La situación en torno a la adjudicación de contratos a Levantina no solo pone en entredicho la ética de los procesos de contratación pública, sino que también resalta la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de fondos públicos. La falta de claridad en la evaluación de propuestas puede dar lugar a la percepción de favoritismo y corrupción, lo que a su vez erosiona la confianza del público en las instituciones gubernamentales.
El caso de LIC es un recordatorio de que es fundamental establecer criterios de evaluación claros y objetivos que minimicen la subjetividad y garanticen que los contratos se otorguen en función de méritos reales. La implementación de sistemas de evaluación más rigurosos y transparentes podría ayudar a prevenir situaciones similares en el futuro y a restaurar la confianza en los procesos de contratación pública.
En resumen, la adjudicación de contratos a Levantina Ingeniería y Construcciones SL es un ejemplo de cómo la falta de transparencia y la subjetividad en la evaluación pueden dar lugar a controversias y cuestionamientos sobre la integridad de los procesos de contratación pública. A medida que se desarrollan las investigaciones, será crucial observar cómo se abordan estas preocupaciones y qué medidas se implementan para mejorar la transparencia y la ética en la gestión de contratos públicos en España.