La ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, se encuentra en el centro de una controversia tras la adjudicación de un contrato de emergencia de 605.000 euros a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR). Esta empresa ha sido vinculada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a una trama de corrupción que involucra a Koldo García y Santos Cerdán. La adjudicación, realizada el 2 de octubre de 2019, tenía como objetivo la reparación de vías férreas interurbanas en Murcia, afectadas por las intensas lluvias de septiembre de ese año.
El contrato fue tramitado bajo un procedimiento de emergencia, lo que permite a la administración actuar con rapidez en situaciones críticas. Sin embargo, este tipo de tramitación ha suscitado dudas sobre la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas. Según los investigadores, existe una serie de indicios que sugieren que Koldo García ejerció influencia sobre Pardo de Vera y otros funcionarios para favorecer a OPR en la obtención de contratos públicos.
### Influencia y Contratos Irregulares
La relación entre Koldo García y la empresa OPR ha sido objeto de investigación, ya que se ha señalado que García, ex asesor del ministerio de Fomento, pudo haber influido en la adjudicación de varios contratos a esta constructora. La UCO ha identificado al menos tres contratos en diferentes regiones de España donde OPR podría haberse beneficiado de esta influencia. Las indagaciones han llevado a la Guardia Civil a registrar las oficinas de OPR en Toledo, donde se incautaron dispositivos electrónicos que podrían contener información relevante para el caso.
Entre los documentos encontrados, se hallaron borradores de programación de infraestructuras y textos manuscritos relacionados con obras en Granada, lo que podría indicar una planificación irregular en la adjudicación de contratos. Además, se han registrado domicilios de los apoderados de OPR, donde se encontraron archivos sobre licitaciones y facturación que abarcan varios años, lo que refuerza la sospecha de irregularidades en el proceso de adjudicación.
La UCO también ha señalado que la adjudicación a OPR no fue un caso aislado. En octubre de 2020, Pardo de Vera otorgó otro contrato de emergencia a Levantina, Ingeniería y Construcciones (LIC) para reparar deslizamientos en la Línea 750 Gijón Sanz Crespo-Pravia. Este contrato, por un importe de 592.053 euros, también ha sido objeto de investigación, ya que se ha documentado que Koldo García solicitó a Pardo de Vera la adjudicación de esta obra a su amigo Javier Ruz, quien estaba al frente de LIC.
### Implicaciones Legales y Futuras Audiencias
Los apoderados de OPR, Antonio ‘Toño’ Fernández Menéndez y su hermano Daniel, han sido citados a declarar ante el juez que investiga el caso en el Tribunal Supremo. La audiencia está programada para el 4 de julio, y se espera que las declaraciones de estos individuos arrojen más luz sobre la naturaleza de las relaciones entre Adif, OPR y Koldo García. La investigación está siendo liderada por el fiscal Alejandro Luzón, quien ha estado recopilando pruebas y testimonios para determinar la magnitud de las irregularidades.
El caso ha generado un gran interés público, no solo por las implicaciones legales que podría tener para los involucrados, sino también por el impacto que estas prácticas pueden tener en la percepción de la administración pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La transparencia en la adjudicación de contratos públicos es fundamental para garantizar la integridad del sistema y prevenir la corrupción.
A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre cómo se llevaron a cabo estas adjudicaciones y si se tomarán medidas para reformar los procedimientos actuales de contratación pública. La situación de Pardo de Vera y su relación con Koldo García y OPR podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el ámbito de la obra pública en España.