El Tribunal Supremo ha tomado una decisión importante al confirmar una sanción de 1.000 euros impuesta a la fiscal Carmen García Cerdá, quien había estado investigando el caso Montoro. Esta sanción se debe a una falta disciplinaria grave por desobediencia a sus superiores, quienes le habían ordenado no continuar con la investigación de ciertos correos electrónicos relacionados con el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La sentencia, a la que se ha tenido acceso, revela detalles sobre la gestión de la fiscalía y las implicaciones de la decisión del alto tribunal.
La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por García, lo que significa que la sanción se mantiene. Los magistrados han subrayado que la fiscal ignoró las instrucciones de sus superiores, quienes le habían indicado que no debía seguir indagando en los correos electrónicos que el juez Rubén Rus había encontrado durante su investigación sobre el bufete Equipo Económicos, fundado por Montoro. A pesar de que la fiscal argumentó que solo se le había desautorizado ampliar la investigación a un segundo grupo de delitos, el tribunal considera que su actuación fue contraria a las directrices establecidas.
Uno de los puntos más destacados de la sentencia es la insistencia de la fiscal en obtener el vaciado de un correo electrónico vinculado a Montoro, a pesar de que esta solicitud había sido rechazada en varias ocasiones por sus superiores. La fiscalía, que opera bajo un sistema jerárquico, requiere que todas las diligencias sean visadas por los superiores antes de ser presentadas ante un juez. En este caso, la negativa se había dado en tres ocasiones, lo que debería haber llevado a García a desistir de su intención de continuar con la investigación.
La actuación de la fiscal se complicó aún más cuando, el 25 de octubre de 2023, decidió contactar a un inspector de los Mossos d’Esquadra para que ellos solicitaran al juez el vaciado de la cuenta de correo del exministro. Esta acción fue interpretada por el Tribunal Supremo como un intento de eludir la negativa de sus superiores, lo que refuerza la gravedad de la falta disciplinaria. La sentencia destaca que la fiscal, con una larga trayectoria en la Fiscalía Anticorrupción desde 2013, debía conocer perfectamente los procedimientos y las limitaciones que le imponían sus superiores.
La decisión del Tribunal Supremo no solo afecta a la fiscal en cuestión, sino que también pone de relieve las tensiones que pueden surgir dentro de la Fiscalía Anticorrupción y la importancia de seguir los protocolos establecidos. La jerarquía en la fiscalía es fundamental para garantizar que las investigaciones se realicen de manera ordenada y conforme a la ley. Ignorar estas directrices puede tener consecuencias graves, como se ha evidenciado en este caso.
El caso Montoro ha estado en el centro de la atención pública debido a las acusaciones de tráfico de influencias y el manejo de información confidencial de la Agencia Tributaria. La investigación ha suscitado un gran interés, no solo por la figura del exministro, sino también por las implicaciones que tiene para la administración de justicia en España. La actuación de la fiscal y la posterior sanción son un recordatorio de que el cumplimiento de las normas es esencial para mantener la integridad del sistema judicial.
La sanción de 1.000 euros puede parecer simbólica en comparación con la gravedad de las acusaciones que rodean al caso Montoro, pero subraya la importancia de la disciplina y el respeto a la jerarquía en la fiscalía. La decisión del Tribunal Supremo también puede tener un efecto disuasorio sobre otros fiscales que puedan verse tentados a actuar de manera similar en el futuro. La fiscalía tiene la responsabilidad de actuar con transparencia y dentro de los límites de la ley, y cualquier desviación de este camino puede tener repercusiones significativas.
En resumen, la confirmación de la sanción a Carmen García Cerdá por parte del Tribunal Supremo resalta la importancia de seguir las directrices jerárquicas en la Fiscalía Anticorrupción. La investigación del caso Montoro continúa siendo un tema candente en la política española, y la actuación de la fiscal es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el sistema judicial en su búsqueda de justicia y transparencia. La decisión del tribunal no solo afecta a la fiscal, sino que también envía un mensaje claro sobre la necesidad de adherirse a los procedimientos establecidos para garantizar la integridad del proceso judicial.