La tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024 en Valencia, donde 228 personas perdieron la vida debido a las inundaciones provocadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), ha llevado a una exhaustiva investigación por parte de la Guardia Civil. Un informe detallado, solicitado por la jueza y el fiscal del caso, ha puesto de manifiesto la lentitud en la reacción y la falta de avisos efectivos por parte de las agencias responsables, como la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar) y la Avsre (Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias).
El informe, que abarca 220 páginas, ha sido elaborado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y se centra en la cronología de los eventos y el análisis de los desbordamientos que resultaron en las numerosas víctimas. La investigación se ha centrado en tres aspectos clave: la predicción meteorológica, la gestión de los caudales de los ríos y la respuesta a las llamadas de emergencia.
La Aemet, responsable de emitir alertas meteorológicas, ha sido criticada por la cantidad excesiva de boletines emitidos en un corto período de tiempo, lo que generó confusión. Desde las 6:36 hasta las 9:41 de la mañana del 29 de octubre, se emitieron seis boletines, algunos con solo minutos de diferencia, reflejando la inestabilidad de la situación. Sin embargo, el informe señala que no se generó un nuevo boletín entre las 9:31 y las 16:24, un lapso crítico durante el cual ya se estaban registrando intensas precipitaciones en varias localidades, como Turís. Esta falta de comunicación oportuna se considera uno de los factores que contribuyó a la magnitud de la tragedia.
Por otro lado, la CHJ ha sido señalada por no cumplir con su obligación de avisar sobre los incrementos de caudal en los ríos, lo que podría haber permitido a las autoridades y a la población tomar medidas preventivas. En particular, el informe destaca la ausencia de avisos sobre el aumento del caudal en la cuenca del Poyo, que fue la más afectada, con 192 víctimas mortales. A pesar de que se superaron los umbrales de alerta, no se emitieron avisos hasta mucho después, lo que pone en duda la eficacia del sistema de monitoreo y alerta de la CHJ.
La Avsre, encargada de gestionar las emergencias, también ha sido objeto de críticas. El informe revela que se ignoraron numerosas llamadas al 112 que alertaban sobre desbordamientos y situaciones de peligro inminente. A pesar de que se recibieron hasta 46 llamadas en un corto período desde Cheste, así como múltiples avisos desde Utiel, la información no fue transmitida adecuadamente a los niveles superiores de la estructura de emergencia, lo que podría haber permitido una respuesta más rápida y efectiva.
La falta de coordinación entre estas agencias ha sido un tema recurrente en el análisis del informe. La Guardia Civil ha señalado que la información relevante que se recibía a través de las llamadas de los ciudadanos no fue adecuadamente comunicada a los responsables de la gestión de emergencias. Esto plantea serias preguntas sobre la efectividad de la cadena de mando y la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis.
La situación se complica aún más al considerar que el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha afirmado que el informe de la Guardia Civil respalda la postura de la Generalitat, que ha sido criticada por no advertir a la población del peligro inminente. La diputada del PSPV-PSOE, Alicia Andújar, ha señalado que el informe demuestra que la Generalitat contaba con información suficiente sobre los desbordamientos, pero no actuó en consecuencia, lo que ha generado un clima de desconfianza entre la población y las autoridades.
La tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024 no solo ha dejado un saldo devastador de vidas perdidas, sino que también ha puesto de relieve las deficiencias en el sistema de alerta y respuesta ante emergencias en la Comunidad Valenciana. La investigación en curso busca no solo esclarecer las responsabilidades, sino también establecer medidas que eviten que una tragedia similar se repita en el futuro. La necesidad de una mejora en la comunicación entre las agencias, así como una revisión de los protocolos de emergencia, se han convertido en temas prioritarios para garantizar la seguridad de la población ante fenómenos meteorológicos extremos.