El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha emitido un nuevo informe que critica al Gobierno de España por no cumplir con las recomendaciones establecidas para combatir la corrupción. Este informe llega apenas dos meses y medio después de un aviso similar, lo que subraya la persistente preocupación por la situación de la corrupción en el país. A pesar de algunos avances en la tramitación de proyectos de ley, el GRECO ha señalado que España no ha implementado satisfactoriamente ninguna de las 19 recomendaciones que se le han hecho desde 2019.
El informe destaca que, aunque 16 de las recomendaciones han sido parcialmente implementadas, las acciones tomadas hasta ahora son insuficientes. El GRECO ha solicitado un informe detallado sobre los progresos realizados para el 30 de junio de 2026, lo que indica la urgencia de abordar este problema de manera más efectiva. Desde el Gobierno, se argumenta que la situación en 2017 era crítica y que se han realizado esfuerzos significativos para mejorar, aunque el informe sugiere que estos esfuerzos no han sido suficientes.
La respuesta del Ministerio de Presidencia, liderado por Félix Bolaños, ha sido defender los avances parciales y resaltar el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el GRECO ha lamentado la falta de acciones decisivas y resultados tangibles, lo que pone en entredicho la efectividad de las medidas adoptadas hasta la fecha. La crítica del Partido Popular (PP) ha sido contundente, calificando el informe como «demoledor» y acusando al Gobierno de no cumplir con las recomendaciones sobre corrupción y separación de poderes.
### Medidas Pendientes en la Lucha Contra la Corrupción
El informe del GRECO también detalla una serie de medidas que aún están pendientes de implementación. Entre ellas se encuentran la necesidad de mejorar la transparencia en la acción de los lobbies, la obligación de que los políticos publiquen sus agendas diarias y el endurecimiento de las restricciones para evitar las ‘puertas giratorias’. Estas medidas son consideradas esenciales para restaurar la confianza pública en las instituciones y garantizar una mayor rendición de cuentas.
Uno de los puntos más críticos del informe es la falta de avances en el Plan de Acción por la Democracia, que fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en septiembre del año anterior. A pesar de que el Gobierno ha presentado proyectos de ley en tramitación, como el Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los grupos de interés, estas iniciativas aún no se han concretado en acciones efectivas. El GRECO ha señalado que la falta de progreso en estas áreas es preocupante y que se requiere un enfoque más decidido para abordar la corrupción.
El Ministerio de Presidencia ha intentado justificar la situación al destacar que el borrador del Anteproyecto de Ley de Administración Abierta está en proceso, aunque aún queda un largo camino por recorrer antes de que se convierta en una realidad. La falta de un marco legal sólido y efectivo para regular las interacciones entre los lobbies y los políticos ha sido un punto de crítica constante, y el GRECO ha instado a España a tomar medidas más concretas en este sentido.
### Reacciones Políticas y Futuras Perspectivas
La reacción del Partido Popular ha sido inmediata y contundente. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha calificado el informe del GRECO como «demoledor» y ha criticado al Gobierno por no cumplir con las recomendaciones necesarias para combatir la corrupción. Gamarra ha afirmado que la política anticorrupción del Gobierno de Sánchez es inexistente y ha acusado al presidente de intentar retrasar la publicación del informe.
Desde el PP, se ha enfatizado que el informe del GRECO vuelve a poner en evidencia la falta de acción del Ejecutivo y que la corrupción sigue siendo un problema grave en España. Gamarra ha declarado que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa, su partido se compromete a implementar todas las recomendaciones del GRECO en los primeros 100 días de gobierno, lo que sugiere un cambio de enfoque en la lucha contra la corrupción.
La situación actual plantea un desafío significativo para el Gobierno de Pedro Sánchez, que deberá demostrar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La presión del GRECO y la crítica de la oposición podrían forzar al Ejecutivo a adoptar medidas más efectivas y a priorizar la lucha contra la corrupción en su agenda política. La falta de acción decisiva en este ámbito no solo afecta la imagen del Gobierno, sino que también tiene implicaciones profundas para la confianza pública en las instituciones democráticas en España.