La lucha contra la corrupción en España ha sido un tema recurrente en la agenda política y social del país. Recientemente, el Gobierno ha defendido que el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa refleja avances significativos en la prevención de la corrupción, destacando que España ha cumplido parcialmente 16 de las 19 recomendaciones emitidas por este organismo. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten desafíos importantes que el país debe abordar para fortalecer su marco legal y garantizar una mayor transparencia en la gestión pública.
### Progresos en la Prevención de la Corrupción
El informe del GRECO, publicado recientemente, se centra en la evaluación de la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad entre los miembros del gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según el Gobierno, se han cumplido parcialmente 8 de las 10 recomendaciones relacionadas con la prevención de la corrupción en el ámbito gubernamental. Entre los logros destacados se encuentra la aprobación del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los grupos de interés, que establece un registro obligatorio para los lobbies y sanciones en caso de infracción. Esta legislación busca regular la interacción entre los grupos de presión y los funcionarios públicos, un paso crucial para aumentar la transparencia en la toma de decisiones.
Además, el informe resalta la futura limitación de las «puertas giratorias», que impide que los ex-cargos públicos ejerzan actividades privadas poco después de dejar sus funciones. Esta medida es fundamental para evitar conflictos de interés y asegurar que los funcionarios actúen en beneficio del interés público. El Gobierno también ha presentado el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que incluye medidas ambiciosas derivadas de las recomendaciones del GRECO, la OCDE y la Comisión Europea.
En el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el GRECO ha observado avances en la implementación del Sistema de Integridad de la Guardia Civil (SINTEGC) y en el desarrollo de un Plan de Acción de Ética Profesional. Estas iniciativas son esenciales para fomentar una cultura de integridad y ética dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
### Desafíos Persistentes en la Regulación de Asesores y Aforamientos
A pesar de los avances mencionados, el GRECO ha señalado que España aún no ha cumplido varias recomendaciones clave, especialmente en lo que respecta a la regulación de asesores políticos y la modificación del aforamiento. La falta de una legislación clara sobre la figura de los asesores políticos ha sido objeto de críticas, ya que esta situación puede facilitar la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Aunque el Gobierno ha reconocido algunos progresos en el marco del ‘Plan de Acción para la Democracia’, el GRECO subraya que la ley que incluye estas medidas aún no ha sido aprobada, lo que impide considerarlas implementadas.
Asimismo, el organismo ha expresado su preocupación por la falta de cambios en la figura del aforamiento, que sigue dificultando los procesos judiciales contra miembros del Ejecutivo acusados de corrupción. Esta situación plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema judicial para investigar y sancionar a aquellos en posiciones de poder que puedan estar involucrados en actividades corruptas.
El GRECO también ha criticado la insuficiencia de los avances en la regulación de los grupos de interés o lobbies, señalando que la ley en tramitación no obliga a publicar las agendas de los altos cargos que se reúnen con estos grupos. Esta falta de transparencia puede socavar la confianza pública en las instituciones y en la integridad del proceso político.
En cuanto a la evaluación de riesgos de corrupción y la mejora de la transparencia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el GRECO ha concluido que, aunque se han realizado progresos, persisten deficiencias significativas. La Guardia Civil ha mostrado mayores avances en la lucha contra la corrupción interna en comparación con la Policía Nacional, pero ambos cuerpos deben seguir trabajando para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en sus procesos internos.
El informe también destaca la necesidad de reforzar la independencia y los recursos de órganos clave como la Oficina de Conflictos de Interés, así como la urgencia de desarrollar planes específicos de integridad. La falta de recursos y autonomía puede limitar la efectividad de estas instituciones en la lucha contra la corrupción.
En resumen, aunque España ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción, el camino hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas aún está lleno de desafíos. La implementación efectiva de las recomendaciones del GRECO y la adopción de nuevas leyes son pasos cruciales para fortalecer la integridad en la gestión pública y garantizar que los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones.