La situación de las políticas sociales en España se encuentra en un estado crítico, especialmente ante la previsible ausencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026. Esta falta de acción correctora está generando un aumento de la desigualdad social, ya que las diferencias en la inversión en educación y sanidad entre las comunidades autónomas se están acentuando. Según un informe reciente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, desde 2010, la inversión de las comunidades autónomas en políticas sociales ha disminuido un 8,3%, pasando del 67,4% al 59,1% del total de sus gastos.
La asociación, que ha criticado a gobiernos de todos los colores políticos durante más de tres décadas, señala que en 2024 la inversión social de las regiones, a pesar de un incremento general de 9.750 millones en sus presupuestos, se redujo en 2.364 millones respecto al año anterior. Este escenario pone de manifiesto la ausencia de políticas sociales de Estado, que deberían ser implementadas de manera equitativa en todas las comunidades autónomas.
Las diferencias en la inversión son alarmantes. Por un lado, comunidades como Navarra y el País Vasco lideran el gasto social con cifras que superan los 4.000 euros por habitante, mientras que Madrid, Cataluña y Murcia se encuentran en la parte baja de la tabla, con inversiones que rondan los 2.700 euros. Esta situación ha llevado a la Asociación a alertar sobre la inequidad que la estructura autonómica del país introduce en las políticas sociales, lo que resulta en un acceso desigual a servicios esenciales como la educación y la sanidad.
La historia reciente de la inversión social en España ha estado marcada por recortes drásticos, especialmente durante la Gran Recesión de 2010. En ese momento, las comunidades autónomas gastaban dos de cada tres euros de sus presupuestos en políticas de integración social, educación, sanidad y servicios sociales. Sin embargo, esta proporción ha ido disminuyendo, acercándose a uno de cada dos euros, lo que refleja una reducción significativa en la inversión social. Los recortes más severos se produjeron en 2013, cuando el gobierno de Mariano Rajoy implementó reformas que habían sido evitadas por su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero. La consecuencia fue un descenso en el gasto social que alcanzó cifras alarmantes, con algunas regiones viendo reducciones de hasta 100.000 euros anuales en sus presupuestos destinados a políticas sociales.
Desde 2014 hasta 2020, aunque el gasto en educación, sanidad y servicios sociales comenzó a recuperarse, nunca alcanzó los niveles previos a la crisis. La ayuda correctora de los PGE ha sido fundamental para equilibrar las partidas y la inversión en estos años, pero la falta de presupuestos en 2024 y 2025 ha llevado a un estancamiento en el crecimiento del gasto social. A pesar de que la crisis del Covid-19 subrayó la importancia de invertir en servicios públicos esenciales, el incremento del gasto en políticas sociales gestionadas por las comunidades ha sido solo del 14,5%, en comparación con un aumento del 62% en otras áreas. Esta disparidad resalta la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas.
La desigualdad en el gasto social se ha vuelto más evidente en los últimos cinco años. Aunque todas las comunidades han incrementado su inversión social, lo han hecho de manera desigual. Extremadura, Canarias y Navarra han visto aumentos significativos en su gasto social, mientras que comunidades como Cataluña, Murcia y Madrid han crecido a un ritmo mucho más lento. En el caso de Madrid, la situación es especialmente preocupante, ya que se invierte 574 euros menos por habitante que la media nacional. Esta disparidad no solo afecta a la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también perpetúa un ciclo de desigualdad que es difícil de romper.
La falta de un marco de referencia común en las políticas sociales ha llevado a una fragmentación en la atención a las necesidades de la población. Las comunidades autónomas, al tener la capacidad de gestionar sus propios presupuestos, han tomado decisiones que, en muchos casos, no responden a las necesidades reales de sus ciudadanos. Esto ha resultado en un acceso desigual a servicios básicos, lo que a su vez ha generado un aumento en la desigualdad social. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha instado a la necesidad de un enfoque más coordinado y equitativo en la inversión social, que garantice que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de calidad, independientemente de su lugar de residencia.
La situación actual plantea un desafío significativo para el futuro de las políticas sociales en España. La falta de presupuestos y la creciente desigualdad social son cuestiones que requieren atención inmediata. La inversión en educación, sanidad y servicios sociales no solo es una cuestión de justicia social, sino que también es fundamental para el desarrollo sostenible del país. Sin un compromiso claro por parte de todas las comunidades autónomas y del gobierno central, es probable que la brecha entre las regiones continúe ampliándose, lo que tendrá consecuencias negativas para la cohesión social y el bienestar de la población en su conjunto.
Es imperativo que se tomen medidas para abordar estas desigualdades y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios esenciales. La colaboración entre las comunidades autónomas y el gobierno central es crucial para establecer un marco de inversión que sea justo y equitativo, y que responda a las necesidades de todos los ciudadanos. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde todos tengan la oportunidad de prosperar y acceder a los recursos que necesitan para llevar una vida digna.