El actual panorama político en España se encuentra marcado por las tensiones en torno a la financiación autonómica, especialmente en el contexto de Cataluña. El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, enfrenta un reto significativo en la negociación con ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) para alcanzar un acuerdo sobre la financiación singular de esta comunidad. A pesar de los esfuerzos, las diferencias entre las partes siguen siendo notables, lo que complica la posibilidad de llegar a un consenso.
Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de ley presentada por ERC, que ha sido calificada como «inasumible» por el Ministerio de Hacienda. Este departamento, bajo la dirección de la vicepresidenta María Jesús Montero, ha expresado su preocupación por la idea de una «cesión integral» del IRPF, así como por las reformas necesarias que implicarían cambios en tres leyes fundamentales: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la ley que regula la financiación de las comunidades de régimen común y la normativa sobre la cesión de tributos a Cataluña.
La situación se complica aún más por la necesidad del Gobierno de equilibrar sus mensajes y posiciones. Por un lado, debe cumplir con las demandas de ERC, mientras que, por otro, debe evitar una posible rebelión interna entre los líderes territoriales del PSOE. Este dilema es palpable, especialmente en el contexto de las elecciones autonómicas que se avecinan, donde la financiación singular se convierte en un tema delicado para la campaña de Montero en Andalucía. La vicepresidenta ha optado por evitar la exposición pública en reuniones clave, como la comisión bilateral celebrada en Barcelona, lo que ha generado críticas sobre su compromiso con el diálogo.
A pesar de las tensiones, el Gobierno continúa trabajando en una alternativa que podría aplicarse a todas las comunidades autónomas. Desde Hacienda, se asegura que el diálogo sigue abierto y que se están buscando soluciones que puedan satisfacer a todas las partes involucradas. Sin embargo, algunos miembros del Ejecutivo consideran que es prematuro presentar una propuesta de reforma al Consejo de Ministros sin antes haber interactuado con todas las comunidades, tal como lo han solicitado los presidentes autonómicos del PSOE.
En este contexto, se espera que se convoque pronto el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque la prioridad parece estar en abordar los objetivos de déficit y la estabilidad financiera, elementos cruciales para la elaboración del proyecto de Presupuestos. Esta situación ha llevado a ERC a manifestar su descontento, afirmando que no se sentarán a negociar los Presupuestos sin antes avanzar en la cuestión de la financiación singular.
La presión sobre el Gobierno es palpable, y durante la primera sesión de control al Ejecutivo tras el inicio del nuevo curso político, Sánchez intentó enviar un mensaje conciliador a sus socios, asegurando que Montero presentará un nuevo sistema de financiación autonómica. Sin embargo, las palabras del presidente no han logrado calmar las inquietudes de ERC, que ha advertido sobre la necesidad de no «llegar tarde» en la resolución de este asunto.
Por su parte, Montero ha rechazado el discurso del agravio territorial que ha sido alimentado por algunos líderes autonómicos, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La vicepresidenta ha insistido en que el nuevo modelo de financiación demostrará que las acusaciones de desigualdad son infundadas. Sin embargo, el Gobierno se muestra reacio a abordar el principio de ordinalidad, un tema que genera desconfianza en la Generalitat y que podría complicar aún más las negociaciones.
El enfoque del Ejecutivo parece centrarse en algunos de los principios acordados en julio, como la «suficiencia financiera» y el equilibrio entre el marco bilateral y el multilateral. Esta estrategia busca replicar el modelo del «café para todos», que fue criticado en el pasado, pero que se considera necesario para abordar la condonación parcial de la deuda pactada con ERC. La idea es negociar de manera bilateral con cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y su disposición a acogerse a este nuevo modelo.
Sin embargo, esta propuesta no ha logrado calmar las preocupaciones de muchos líderes territoriales del PSOE, quienes temen que un acuerdo de financiación singular perjudique a sus comunidades. Figuras como Emiliano García-Page y Adrián Barbón han expresado su rechazo a cualquier acuerdo que pueda comprometer la igualdad en la financiación entre las comunidades. La situación se presenta como un verdadero rompecabezas para el Gobierno, que debe encontrar una solución que satisfaga tanto a sus socios como a sus propios líderes territoriales, en un contexto donde la presión política y las expectativas de los ciudadanos son cada vez más altas.