En un contexto de creciente tensión social y política, más de 22.000 familias de policías y guardias civiles han decidido alzar la voz para reclamar al Ministerio del Interior que se implementen medidas que les permitan acceder a la consideración de profesión de riesgo. Esta demanda se fundamenta en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en mayo de este año dictó una sentencia que ordena al Gobierno la elaboración de una disposición reglamentaria para la jubilación anticipada de los miembros de la Policía que están encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, aquellos que ingresaron a partir de 2011.
La situación actual ha llevado a estos cuerpos de seguridad a sentirse desprotegidos y en desventaja en comparación con otros cuerpos judiciales autonómicos y locales que ya gozan de este estatus. La consideración de riesgo no solo les permitiría acceder a una jubilación anticipada, sino que también implicaría un reconocimiento de la peligrosidad inherente a su trabajo diario. Este movimiento ha sido impulsado por un grupo de abogados del despacho Duran&Durán, quienes han diseñado una ofensiva que va más allá de lo que establece la sentencia del Tribunal Supremo.
### Contexto de la Demanda
La demanda de los policías y guardias civiles se produce en un momento en que la percepción de la seguridad pública está en el centro del debate político. La reciente sentencia del Tribunal Supremo ha abierto una puerta que, según los representantes de estos cuerpos, debería ser aprovechada para mejorar sus condiciones laborales. La falta de respuesta por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha intensificado la frustración entre los agentes, quienes sienten que su labor no es valorada adecuadamente.
El hecho de que otros cuerpos de seguridad ya cuenten con la consideración de profesión de riesgo ha generado un sentimiento de injusticia. Policías y guardias civiles argumentan que su trabajo implica riesgos significativos, desde enfrentamientos con delincuentes hasta la gestión de situaciones de crisis que pueden poner en peligro su vida. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la falta de apoyo institucional y a exigir cambios que reflejen la realidad de su labor.
### Reacciones Políticas y Sociales
La situación ha suscitado reacciones en el ámbito político. Algunos líderes han criticado al Gobierno por su inacción en este tema, argumentando que la falta de atención a las demandas de los cuerpos de seguridad puede tener consecuencias graves para la seguridad pública. Por ejemplo, el líder de la oposición ha acusado al presidente del Gobierno de “alentar los disturbios” y de no preocuparse por la vida de los policías y otros profesionales involucrados en la seguridad pública.
Además, la presión social también ha comenzado a manifestarse. Organizaciones de derechos humanos y grupos de ciudadanos han expresado su apoyo a las demandas de los policías y guardias civiles, argumentando que un reconocimiento adecuado de su trabajo es esencial para garantizar una seguridad pública efectiva. La percepción de que estos profesionales están desprotegidos puede afectar la moral y la eficacia de las fuerzas del orden, lo que a su vez podría tener un impacto negativo en la seguridad de la ciudadanía.
La situación se complica aún más con la creciente polarización política en el país. Las manifestaciones y los enfrentamientos entre manifestantes y policías han aumentado, lo que ha llevado a un clima de tensión que no solo afecta a los cuerpos de seguridad, sino también a la población en general. En este contexto, la demanda de reconocimiento de riesgo laboral se convierte en un tema crucial que podría influir en el futuro de la seguridad pública en el país.
A medida que avanza la situación, se espera que el Ministerio del Interior tome medidas concretas para abordar estas demandas. La presión de los agentes y el apoyo de la sociedad civil podrían ser factores determinantes para que se logren cambios significativos en la legislación que rige la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La atención a estas demandas no solo es una cuestión de justicia laboral, sino también una necesidad para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.