El actual panorama político en España se encuentra marcado por la creciente influencia de las investigaciones judiciales sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. En un contexto donde la agenda política parece estar dominada por estos vaivenes judiciales, el Ejecutivo ha optado por una estrategia que busca contrarrestar esta presión mediante una serie de anuncios y medidas que buscan captar la atención del electorado. La situación se complica aún más con la proximidad de las elecciones autonómicas en Castilla y León y Andalucía, lo que ha llevado a muchos a considerar que la legislatura actual se ha convertido en una especie de precampaña electoral.
La reciente actividad del Gobierno en temas como la situación en Palestina ha sido celebrada en Moncloa, pero también se reconoce que existe una falta de control sobre el calendario judicial que afecta a la política nacional. A pesar de esto, el presidente Sánchez y su equipo han decidido intensificar su presencia en el ámbito público, con una serie de mítines programados en Castilla y León, donde se espera que el jefe del Ejecutivo se presente como el candidato del PSOE en las próximas elecciones.
### La Precaución de los Socios de Investidura
El clima político actual también ha generado tensiones entre los socios de investidura del Gobierno. Mientras que partidos como ERC y EH Bildu parecen confiar en que la legislatura se extenderá hasta 2027, otros, como Podemos, interpretan los movimientos del Ejecutivo como un intento de justificar un adelanto electoral si los Presupuestos de 2026 no logran salir adelante. Esta incertidumbre se ve reflejada en las declaraciones de algunos presidentes autonómicos del PP, quienes han insinuado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas si no se logran aprobar los presupuestos en sus comunidades.
La estrategia del Gobierno también incluye la presentación de iniciativas legislativas que buscan posicionar a cada partido en el debate público. La reciente ley para la reducción de la jornada laboral, que cuenta con un amplio respaldo social, es un ejemplo de cómo el Ejecutivo intenta forzar a los grupos parlamentarios a posicionarse sobre temas clave. Esta táctica se repetirá con la ley de movilidad sostenible y otros proyectos que se llevarán al Congreso en un intento de evitar la parálisis legislativa y mantener la imagen de un Gobierno activo.
### La Respuesta a las Investigaciones Judiciales
En medio de este contexto, el Gobierno ha adoptado una postura defensiva frente a las investigaciones judiciales que afectan a figuras cercanas a Sánchez, como su esposa Begoña Gómez. Desde Moncloa, se argumenta que estas investigaciones son parte de una estrategia de «acoso y derribo» que busca desprestigiar al Gobierno. Esta narrativa ha llevado a los ministros a solicitar al Consejo General del Poder Judicial que intervenga para evitar lo que consideran un desprestigio de la justicia.
El caso de Begoña Gómez ha cobrado especial relevancia, ya que se han acumulado varios recursos en la Audiencia de Madrid que podrían influir en el futuro del Gobierno. La decisión de que un jurado popular juzgue a Gómez ha sido interpretada como un intento de politizar el proceso judicial, lo que ha llevado a Sánchez a acusar a ciertos jueces de actuar con motivaciones políticas.
La estrategia del Gobierno no solo se limita a la defensa ante las investigaciones, sino que también busca cohesionar a sus socios de investidura. La crítica al ‘lawfare’ ha unido a partidos como Podemos y Junts, que han experimentado en el pasado situaciones similares. Este enfoque ha permitido a Sánchez posicionarse como un defensor de la justicia frente a lo que considera abusos de poder por parte del sistema judicial.
En este contexto, el Gobierno ha comenzado a lanzar una ofensiva tanto discursiva como ideológica, buscando capitalizar causas sociales y políticas que resuenen con el electorado. La situación en Palestina, por ejemplo, ha sido utilizada para confrontar las políticas del PP y Vox, presentando un modelo alternativo que se aleja de las políticas conservadoras que podrían implementarse en caso de que la derecha acceda al poder.
La estrategia de Sánchez se presenta como un intento de mantener la estabilidad del Gobierno en un entorno político cada vez más complejo. A medida que se acercan las elecciones, la capacidad del Ejecutivo para navegar por estos desafíos judiciales y políticos será crucial para su futuro y el de sus socios de investidura. La presión sobre el Gobierno no solo proviene de la oposición, sino también de la necesidad de mantener la cohesión interna y la confianza de sus aliados en un momento de incertidumbre política.