Las negociaciones en torno al real decreto que busca compensar a los partidos políticos por los bienes incautados durante la Guerra Civil se encuentran en un punto muerto. Esta medida, que forma parte de la ley de memoria democrática, fue acordada previamente con un partido político y se incluyó en el plan normativo anual de 2025. Sin embargo, el proceso ha sido lento y ha pasado de un ministerio a otro, lo que ha generado frustración entre los involucrados.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que la razón principal de esta dilación son las auditorías necesarias sobre los bienes expropiados, las cuales se han visto complicadas por la falta de documentación adecuada. Esta situación es especialmente crítica para los republicanos catalanes, quienes reclaman la restitución de propiedades que, según ellos, fueron incautadas por el régimen franquista. Sin embargo, muchas de estas propiedades están registradas como bienes del gobierno republicano, lo que complica aún más la situación.
Un caso similar se presenta con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ha tenido que documentar la propiedad de un palacete en París que fue restituido a finales del año pasado. Este edificio, que sirvió como sede del Gobierno Vasco en el exilio, fue adquirido con fondos recaudados por militantes del PNV en 1936. La documentación presentada por el Gobierno demostró que los fondos utilizados para la compra no provenían del Gobierno Vasco, sino de donaciones de sus militantes.
A pesar de las diferencias entre el Gobierno y ERC, se ha abierto la posibilidad de diferenciar entre las restituciones de bienes y las compensaciones económicas. La ley de memoria democrática menciona específicamente la creación de un reglamento que regule la restitución o compensación a los partidos políticos por los bienes y derechos incautados durante el periodo de 1936 a 1939. En el caso del PNV, la restitución del palacete en París se complementó con compensaciones por la privación de otros inmuebles en Francia, lo que establece un precedente para futuras negociaciones.
Por su parte, ERC ha mantenido una postura cautelosa, evitando hacer cálculos sobre el valor de los bienes que reclaman hasta que se realicen las auditorías pertinentes. Durante la tramitación de la ley de memoria democrática, se estimó que el valor de los inmuebles incautados a ERC podría ascender a alrededor de 90 millones de euros. Sin embargo, tanto el Gobierno como ERC han acordado que lo más prudente es aprobar primero el decreto y dejar las disputas para cuando se presenten las solicitudes y se inicien los expedientes.
Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, se ha indicado que el primer paso para avanzar en este proceso es la aprobación del real decreto que desarrolle la Ley 43/1998, con las modificaciones de la Ley 50/2007. Actualmente, se ha llevado a cabo un trámite de consulta pública y se está trabajando en la redacción del texto.
La presión sobre el Gobierno por parte de ERC ha aumentado, especialmente tras el registro de varias preguntas escritas sobre los incumplimientos en la norma. Los republicanos han solicitado información sobre el calendario de presentación del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, así como sobre las auditorías y compensaciones económicas a las víctimas previstas en la ley. El retraso en la implementación de estas medidas es evidente, ya que la norma de octubre de 2022 establecía un plazo de seis meses para su desarrollo.
Además de las cuestiones relacionadas con los partidos políticos, el Gobierno ha informado que más de 611,800 beneficiarios han recibido reparaciones económicas desde la restauración de la democracia, con un valor total que supera los 25,500 millones de euros. Este contexto de compromisos pendientes se complica aún más para el Gobierno, que debe abordar la negociación de los Presupuestos, mientras que ERC ha elevado la cuestión de la financiación singular de Cataluña a una línea roja en las negociaciones.
Un avance significativo en el desarrollo de la ley de memoria democrática se produjo con el desbloqueo del Memorial de Cuelgamuros, tras llegar a un acuerdo con el Vaticano. En abril, se lanzó un concurso internacional de ideas para transformar el antiguo monumento franquista, conocido como Valle de los Caídos, en un centro de interpretación histórico, artístico y paisajístico. La selección del proyecto ganador se espera para finales de este mes, lo que podría marcar un hito en la memoria histórica del país.