Las fiestas de Bilbao, un evento que atrae a miles de visitantes cada año, se han visto envueltas en una polémica que ha reavivado el debate sobre la memoria histórica y el tratamiento de las víctimas del terrorismo en España. En el centro de la controversia se encuentra la caseta de la comparsa Txori Barrote, donde se exhibieron los nombres de varios presos de ETA, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de asociaciones de víctimas y un análisis judicial que ha dejado mucho que desear.
La Audiencia Nacional, en una reciente decisión, desestimó la solicitud de la asociación Dignidad y Justicia, que pedía la retirada de estos nombres por considerarlos una humillación a las víctimas del terrorismo. El tribunal argumentó que no se podía apreciar la exhibición de los nombres en la caseta, a pesar de que informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil confirmaron la presencia de estos nombres en el lugar. Esta discrepancia entre la percepción judicial y la evidencia presentada por las fuerzas de seguridad ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial en la protección de los derechos de las víctimas.
### La Exhibición de Nombres y su Implicación Legal
La decisión de la Audiencia Nacional se basa en la interpretación de la ley y en la evidencia presentada durante el proceso. Según el auto del juzgado de instrucción número 2, no se apreciaba la exhibición de los nombres de los presos de ETA en la caseta de Txori Barrote. Sin embargo, los informes policiales contradicen esta afirmación, documentando la presencia de los nombres de 16 condenados por terrorismo, acompañados de camisetas que simbolizan su apoyo.
La Guardia Civil, en su informe, destacó que la exhibición de los nombres se realizaba de manera visible en la parte superior de la caseta, lo que generó un fuerte rechazo por parte de Dignidad y Justicia. Esta asociación, que representa a las víctimas del terrorismo, argumentó que la exhibición de estos nombres no solo es una falta de respeto, sino que también constituye un delito de humillación hacia las víctimas y sus familias. En particular, se mencionó el caso de Daniel Portero, cuyo padre fue asesinado por ETA, quien expresó su indignación al ver los nombres de los condenados en un evento festivo.
La controversia se intensificó cuando se reveló que la Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco, no había incluido en su informe la referencia a los nombres de los etarras, lo que llevó a cuestionar la imparcialidad y la exhaustividad de las investigaciones. La falta de un informe completo por parte de la Ertzaintza ha sido vista como un intento de minimizar la gravedad de la situación, lo que ha llevado a Dignidad y Justicia a criticar la actuación de las autoridades.
### Reacciones de las Asociaciones de Víctimas
Las reacciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo han sido contundentes. Dignidad y Justicia ha denunciado no solo la exhibición de los nombres en la caseta de Txori Barrote, sino también en otras actividades organizadas por la comparsa Kaskagorri, que incluyeron manifestaciones y conciertos en homenaje a los presos de ETA. La respuesta de la Audiencia Nacional en este caso fue similar, desestimando la solicitud de prohibición de estos actos, argumentando que se trataba de una expresión de deseo de libertad para los presos.
Esta situación ha generado un debate más amplio sobre cómo se debe tratar la memoria de las víctimas del terrorismo en España. Muchos consideran que la exhibición de nombres de condenados por terrorismo en un contexto festivo es una falta de respeto y un acto que trivializa el sufrimiento de las víctimas y sus familias. Por otro lado, hay quienes argumentan que la libertad de expresión debe ser defendida, incluso cuando se trata de temas tan sensibles como el terrorismo.
El caso de la caseta de Txori Barrote no es un incidente aislado. A lo largo de los años, ha habido múltiples denuncias sobre la exhibición de imágenes y nombres de presos de ETA en diversas festividades y eventos en el País Vasco. En 2024, por ejemplo, se reportó que los nombres de los presos fueron impresos en remos, y en años anteriores, en relojes. Estas acciones han sido vistas por muchos como un intento de normalizar la figura de los terroristas y de deslegitimar el sufrimiento de las víctimas.
La situación actual plantea preguntas difíciles sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a las víctimas del terrorismo. La decisión de la Audiencia Nacional de desestimar la solicitud de Dignidad y Justicia ha sido criticada por muchos, quienes argumentan que el sistema judicial debe ser más sensible a las necesidades y derechos de las víctimas. La falta de una respuesta contundente ante la exhibición de nombres de condenados por terrorismo puede ser interpretada como un mensaje de impunidad para aquellos que glorifican el terrorismo.
El debate sobre la memoria histórica y el tratamiento de las víctimas del terrorismo en España sigue siendo un tema candente. La controversia en las fiestas de Bilbao es solo un ejemplo de cómo las heridas del pasado aún están presentes en la sociedad española y de cómo la lucha por la justicia y el reconocimiento de las víctimas continúa siendo una tarea pendiente. A medida que se desarrollan estos eventos, es crucial que se escuchen las voces de las víctimas y que se tomen medidas para garantizar que su sufrimiento no sea olvidado ni trivializado en el futuro.