La reciente declaración de estado de emergencia en Lima y el puerto del Callao por parte del presidente interino de Perú, José Jerí, ha generado un amplio debate en la sociedad peruana. Este decreto, que tiene una duración de 30 días, busca enfrentar la creciente ola de criminalidad que ha afectado a la capital y sus alrededores. La decisión de Jerí, quien asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte, se enmarca en un contexto de crisis política y social que ha llevado a la población a exigir medidas más efectivas para garantizar la seguridad.
La violencia urbana ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos meses. Según estadísticas recientes, al menos 47 conductores de buses han sido asesinados entre enero y octubre de 2025, y las denuncias de extorsión han aumentado en un 28.8% en comparación con el año anterior. Esta situación ha llevado a Jerí a adoptar una postura más ofensiva en la lucha contra el crimen, afirmando que «hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú». Sin embargo, su enfoque no está exento de críticas, especialmente en un país que ha experimentado una inestabilidad política crónica.
### Contexto Político y Social
La destitución de Dina Boluarte, quien dejó el cargo con una popularidad de apenas el 3%, refleja la profunda crisis de confianza que enfrenta el sistema político peruano. Jerí, como nuevo presidente interino, se encuentra en una posición delicada, ya que su gobierno depende en gran medida del apoyo del Congreso, que ha visto pasar a siete presidentes en un corto período. Esta inestabilidad ha llevado a una falta de continuidad en las políticas de seguridad, lo que ha dificultado la implementación de estrategias efectivas para combatir el crimen.
El estado de emergencia permite al gobierno movilizar a las Fuerzas Armadas para colaborar con la policía en el mantenimiento del orden público. Sin embargo, esta medida también conlleva la restricción de ciertas libertades civiles, como el derecho de reunión y la inviolabilidad del domicilio. Este aspecto ha suscitado preocupaciones entre los ciudadanos, especialmente después de que una reciente movilización en contra de Jerí resultara en la muerte de un joven y numerosos heridos.
La situación en Perú es compleja, y la falta de un enfoque coherente en la seguridad ha llevado a un ciclo de improvisación en la gestión gubernamental. El Ministerio del Interior, encargado de la seguridad, ha tenido 15 titulares en los últimos cuatro años, lo que refleja una inestabilidad que dificulta la formulación de políticas efectivas. La falta de continuidad en la gestión de la seguridad ciudadana ha sido un factor determinante en el aumento de la criminalidad, y muchos ciudadanos se sienten inseguros en su vida diaria.
### Reacciones y Perspectivas
La declaración de estado de emergencia ha generado reacciones mixtas entre la población. Por un lado, hay quienes apoyan la medida como una respuesta necesaria ante la creciente inseguridad. Sin embargo, otros critican la falta de un plan a largo plazo que aborde las causas subyacentes del crimen, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción. Muchos ciudadanos exigen que el gobierno no solo se enfoque en la represión, sino que también implemente políticas sociales que aborden las raíces del problema.
La comunidad internacional también ha puesto su mirada en Perú, observando cómo el nuevo gobierno maneja esta crisis. La presión para garantizar los derechos humanos y las libertades civiles es alta, y cualquier abuso por parte de las fuerzas de seguridad podría tener repercusiones negativas para el país en el ámbito internacional. La historia reciente de Perú está marcada por violaciones a los derechos humanos, y la comunidad global está atenta a cómo se desarrollan los acontecimientos en el contexto del estado de emergencia.
En medio de esta crisis, la población peruana se enfrenta a un dilema: ¿es suficiente la militarización de la seguridad pública para garantizar su bienestar? Muchos creen que la solución debe ir más allá de las medidas de emergencia y que es fundamental establecer un diálogo con la sociedad civil para construir un enfoque integral que aborde tanto la seguridad como el desarrollo social.
La situación en Perú es un recordatorio de que la seguridad no puede ser vista como un fin en sí mismo, sino como parte de un sistema más amplio que incluye justicia social, oportunidades económicas y un gobierno transparente. La lucha contra el crimen es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético, y la respuesta del gobierno de Jerí será crucial para determinar el futuro del país en los próximos meses.