La creciente preocupación por la conducta delictiva entre los menores de 14 años ha llevado a un intenso debate sobre la necesidad de revisar la legislación actual en materia de responsabilidad penal. Beatriz Izquierdo, experta en criminología y miembro de un comité asesor del Gobierno, ha planteado la necesidad de bajar la edad de responsabilidad penal, argumentando que la ley vigente se ha quedado desactualizada frente a la realidad de los delitos cometidos por menores. En su reciente libro, «Pero ¿qué dices, bro! Cómo va a ser eso delito?», Izquierdo expone su visión sobre la importancia de educar a los jóvenes sobre las consecuencias de sus acciones y la necesidad de una intervención más efectiva por parte de las autoridades.
El aumento de delitos cometidos por menores de 14 años es alarmante. Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, las causas archivadas por ser los responsables menores de 14 años han aumentado un 45% en comparación con el año anterior. Este incremento no solo refleja un aumento en la actividad delictiva, sino también una preocupación por la banalización de la violencia y la hipersexualización de los menores, exacerbada por el acceso a contenido inapropiado a través de internet. La falta de autocontrol y de mecanismos para gestionar la frustración son factores que contribuyen a este fenómeno, lo que plantea la necesidad de abordar la educación en valores y la responsabilidad desde una edad temprana.
La realidad es que muchos menores no son conscientes de que sus acciones pueden tener consecuencias legales. Izquierdo argumenta que es fundamental que los jóvenes comprendan que comportamientos como el acoso escolar, la violencia física o la difusión de contenido sexual sin consentimiento son delitos graves. La educación en este sentido debe ser una prioridad, y es responsabilidad de los adultos guiar a los menores en la comprensión de las leyes y sus implicaciones. La falta de esta educación puede llevar a que los jóvenes actúen sin pensar en las repercusiones de sus actos, lo que a su vez puede resultar en un ciclo de violencia y victimización.
### La Banalización de la Violencia y su Impacto en los Menores
Uno de los aspectos más preocupantes que Izquierdo destaca es la banalización de la violencia en la sociedad actual. Los menores están expuestos a un flujo constante de contenido violento y sexualizado a través de las redes sociales y otros medios digitales. Esta exposición puede llevar a una desensibilización ante la violencia, donde los jóvenes se vuelven inmunes a las consecuencias emocionales y sociales de sus acciones. La violencia se convierte en algo normalizado, y los menores pueden llegar a actuar de manera violenta sin comprender la gravedad de sus actos.
La hipersexualización de los menores es otro fenómeno alarmante. El acceso a contenido pornográfico y la presión social para actuar de ciertas maneras pueden llevar a los jóvenes a cometer delitos que no comprenden completamente. Izquierdo enfatiza que es crucial que los padres y educadores hablen abiertamente sobre estos temas y proporcionen a los menores las herramientas necesarias para navegar en un mundo digital complejo. La educación sobre la ley y las consecuencias de los actos debe ser parte integral del currículo escolar, y no debe ser un tema tabú.
Además, la falta de intervención adecuada por parte de las autoridades puede agravar la situación. Aunque la ley actual establece que los menores de 14 años son inimputables, esto no significa que sus acciones no deban ser abordadas. Izquierdo sugiere que es necesario implementar programas específicos para tratar con menores en conflicto con la ley, asegurando que reciban la atención y la educación necesarias para evitar que se conviertan en reincidentes. La intervención temprana puede ser clave para cambiar el rumbo de estos jóvenes y ayudarles a asumir la responsabilidad de sus actos.
### La Necesidad de una Revisión Legal
La legislación actual sobre la responsabilidad penal de los menores ha sido objeto de críticas por su falta de adecuación a la realidad contemporánea. Izquierdo argumenta que la edad de 14 años, establecida como el límite para la imputabilidad, es arbitraria y no refleja la complejidad de los delitos que los menores pueden cometer. En otros países, como Francia y el Reino Unido, la edad de responsabilidad penal es más baja, lo que permite una intervención más temprana y efectiva.
La propuesta de bajar la edad de responsabilidad penal no busca castigar a los menores, sino proporcionarles las herramientas necesarias para su reeducación y reintegración en la sociedad. La intervención judicial debe ser vista como una oportunidad para ayudar a los jóvenes a comprender las consecuencias de sus acciones y a desarrollar un sentido de responsabilidad. Esto incluye medidas como la amonestación, el trabajo comunitario o la libertad vigilada, que pueden ser beneficiosas para su desarrollo personal y social.
Izquierdo también señala que es fundamental que los padres asuman su papel en la educación de sus hijos sobre la ley y las consecuencias de sus actos. La responsabilidad no solo recae en el sistema judicial, sino también en la familia y la comunidad. Los padres deben ser proactivos en la supervisión del contenido al que sus hijos tienen acceso y en la enseñanza de valores que fomenten el respeto y la empatía hacia los demás.
La situación actual exige un enfoque multidimensional que involucre a padres, educadores, autoridades y la sociedad en su conjunto. La educación sobre la ley y la responsabilidad debe ser una prioridad, y es esencial que se implementen programas y políticas que aborden estos problemas de manera efectiva. La protección de los menores en entornos digitales es una responsabilidad compartida, y todos debemos trabajar juntos para garantizar que nuestros jóvenes crezcan en un ambiente seguro y saludable.