La reciente riada que afectó a varias comarcas de la Comunidad Valenciana ha dejado al descubierto las tensiones entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de las múltiples solicitudes de ayuda y colaboración por parte del Consell, el Ejecutivo central ha desestimado la mayoría de las propuestas, lo que ha generado un clima de frustración y decepción entre los responsables autonómicos.
La Generalitat ha denunciado que, de las 59 medidas propuestas para la reconstrucción y recuperación de la actividad económica y social tras la riada del 29 de octubre, solo se han aceptado 20. Esto significa que aproximadamente dos de cada tres peticiones han sido rechazadas, lo que ha llevado a la Generalitat a calificar la respuesta del Gobierno como «exigua». Entre las solicitudes rechazadas se encuentran importantes partidas económicas, como 175 millones destinados a equipamientos de colegios e institutos, 45 millones para prestaciones por dependencia y 250 millones para reparaciones de residencias y centros de atención sociosanitaria.
Además, la Generalitat ha solicitado la creación de un centro de acogida temporal para personas que han perdido su vivienda, así como la rehabilitación de viviendas dañadas, pero estas peticiones también han sido desestimadas. En cuanto a la disponibilidad de viviendas de la Sareb para realojos, el Consell había solicitado 1.050 unidades, de las cuales solo se han puesto a disposición 186, lo que ha generado un descontento considerable entre los afectados.
Por otro lado, el Gobierno ha rechazado la interpretación de los datos proporcionados por la Generalitat, argumentando que las negociaciones se estancaron debido a la falta de colaboración por parte del Consell. Según el Ejecutivo central, se han estudiado 335 solicitudes de realojo y se han asignado viviendas a 183 familias, lo que contrasta con la visión de la Generalitat sobre la situación.
### Inversiones y Proyectos de Infraestructura
La Generalitat también ha puesto de relieve la situación de las infraestructuras en la región, afirmando que está asumiendo la carga financiera de la recuperación de carreteras y otros servicios públicos. Se ha invertido un total de 600 millones de euros en la recuperación de 18 carreteras autonómicas y en la restauración del servicio de metro, pero los avances en el transporte público han sido limitados. La Generalitat ha criticado la falta de mejoras en los servicios de autobuses y el retraso en las obras de recuperación de las líneas de Cercanías Renfe.
El Consell ha solicitado cofinanciación para la tarjeta de transporte gratuito ‘Recuperem Valencia’, así como ayudas para la reparación de instalaciones dañadas y para la hostelería, pero estas también han sido rechazadas. La Generalitat ha enfatizado que el Gobierno ha desestimado las ayudas directas necesarias para costear la reconstrucción, lo que ha llevado a un enfrentamiento público entre ambas administraciones.
El Gobierno, por su parte, ha defendido su compromiso con la reconstrucción en la Comunidad Valenciana, afirmando que se han destinado más de 1.200 millones de euros para reforzar la resiliencia del territorio frente a futuras inundaciones y mejorar la gestión del agua. Según el Ejecutivo, se han aprobado 437 millones de euros para la reparación de redes de saneamiento y abastecimiento, y han subrayado que no se ha rechazado ninguna solicitud de ayuda.
### Reacciones y Perspectivas Futuras
La situación actual ha generado un clima de desconfianza y desacuerdo entre la Generalitat y el Gobierno central. Las declaraciones de ambos lados reflejan una falta de entendimiento y colaboración que podría complicar aún más la recuperación de las comarcas afectadas. La Generalitat ha expresado su decepción por la escasa atención a sus solicitudes y ha instado al Gobierno a reconsiderar su postura para poder ofrecer una respuesta más efectiva a las familias y empresas que han sufrido las consecuencias de la riada.
A medida que se avanza en la reconstrucción, será crucial que ambas administraciones encuentren un terreno común para trabajar en conjunto. La recuperación de la infraestructura, la atención a las necesidades de vivienda y la reactivación económica son aspectos fundamentales que requieren una colaboración efectiva y un compromiso real por parte de ambos gobiernos. La situación actual no solo afecta a los responsables políticos, sino que tiene un impacto directo en la vida de miles de ciudadanos que esperan respuestas y soluciones a sus problemas. La presión está sobre ambos lados para que se logre un acuerdo que beneficie a la comunidad y permita una recuperación efectiva tras la devastación causada por la riada.