La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado avances significativos en la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Esta reforma, que se encuentra en su fase final de elaboración, busca establecer un marco legal más robusto para la protección de los menores en situaciones de violencia, acoso escolar y otros contextos críticos. La propuesta se está negociando con el Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, y se espera que sea presentada al Consejo de Ministros en las próximas semanas.
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la tipificación del delito de violencia institucional, un concepto que busca proteger a los menores de abusos que puedan surgir en el contexto de las instituciones. Esta iniciativa surge a raíz del caso de Juana Rivas, que puso de manifiesto la necesidad de revisar cómo se manejan los casos de custodia y entrega de menores en situaciones de riesgo. La reforma propone que los jueces escuchen el testimonio de los menores sin importar su edad, eliminando la actual barrera que establece que solo los mayores de 12 años pueden ser escuchados. Esto representa un cambio significativo en la forma en que se aborda la voz de los niños en el sistema judicial.
Además, la reforma contempla la creación de un nuevo marco legal que permita a los menores no estar obligados a mantener contacto con progenitores que hayan sido condenados por violencia de género o sexual. Este enfoque busca garantizar que los derechos de los menores sean priorizados en todas las decisiones judiciales relacionadas con la custodia y el bienestar infantil. También se propone la suspensión de la patria potestad de aquellos progenitores que tengan sentencias condenatorias por delitos relacionados con la violencia.
### Cambios en el Sistema Judicial y Educativo
Otro de los ejes centrales de la reforma es la eliminación del síndrome de alienación parental (SAP) de la legislación. Este concepto ha sido objeto de controversia y su eliminación busca evitar que se utilice como una herramienta para manipular a los menores en disputas de custodia. La reforma también propone la creación de una nueva figura, la abogacía de infancia, que sustituiría al defensor judicial del menor. Esta nueva figura estaría compuesta por profesionales con formación específica en derechos de infancia, garantizando que los intereses de los menores sean defendidos de manera efectiva y respetuosa.
En el ámbito educativo, la reforma de la LOPIVI también tiene como objetivo mejorar la protección de los menores en las escuelas. Se ampliará el listado de delitos que impiden a los profesionales de la educación trabajar con menores, asegurando que aquellos con antecedentes de violencia no puedan ejercer en entornos donde interactúan con niños. Este cambio es crucial para crear un ambiente seguro y protector en las instituciones educativas, donde los menores pasan gran parte de su tiempo.
### La Ley del Sharenting: Protección en el Entorno Digital
Paralelamente a la reforma de la LOPIVI, el Ministerio de Juventud e Infancia está impulsando la ley del sharenting, que aborda la publicación de imágenes de menores en redes sociales. Este fenómeno ha crecido exponencialmente con el auge de las plataformas digitales, y la nueva normativa busca regular la exposición de los menores en el entorno digital, protegiendo su imagen y bienestar psicológico.
La ley del sharenting se encuentra en fase de consulta pública, donde se busca recabar opiniones de la ciudadanía y organizaciones sobre cómo garantizar el derecho a la identidad digital de los menores. Esta iniciativa es fundamental en un contexto donde la privacidad de los niños puede verse comprometida por la publicación indiscriminada de imágenes por parte de sus padres o tutores. La normativa pretende cubrir el vacío legal existente y establecer un marco que proteja a los menores de posibles abusos derivados de la exposición pública.
El Ministerio de Juventud e Infancia está trabajando para que ambas reformas cuenten con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario, incluyendo al Partido Popular. La colaboración entre diferentes fuerzas políticas es esencial para lograr una legislación que garantice la protección integral de la infancia y la adolescencia en España, abordando tanto los desafíos del entorno judicial como los riesgos del mundo digital. La implementación de estas reformas representa un avance significativo en la lucha por los derechos de los menores, asegurando que su bienestar y protección sean siempre una prioridad en la legislación española.