La reciente actuación del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desatado una ola de críticas por parte de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA). Esta asociación ha denunciado lo que consideran una falta de neutralidad por parte del ICAM, que ha actuado como acusación popular en este caso, relacionado con la presunta filtración de datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La ALA ha expresado su preocupación por el papel que ha desempeñado el ICAM, presidido por Eugenio Ribón, al afirmar que la institución ha utilizado su influencia para favorecer los intereses de González Amador y de la administración regional. En un comunicado, la ALA ha señalado que el ICAM ha mostrado una “inusitada celeridad” en su respuesta a la situación, lo que ha llevado a cuestionar su imparcialidad y su compromiso con la justicia.
### La Acusación de Uso Político del ICAM
Uno de los puntos más controvertidos de la actuación del ICAM ha sido el uso que se ha hecho de la institución en un contexto que, según la ALA, debería ser estrictamente jurídico. La asociación ha criticado el “desorbitado y sobreactuado protagonismo” del ICAM, que ha intentado presentarse como representante no solo de la abogacía madrileña, sino de la sociedad en su conjunto. Este enfoque ha sido calificado como una “falacia” por parte de la ALA, que sostiene que la postura del ICAM no refleja la opinión de todos los abogados ni de la ciudadanía.
La ALA ha argumentado que, al actuar como acusación popular, el ICAM ha tomado una posición que no solo es innecesaria desde el punto de vista jurídico, sino que también se alinea con los intereses de la defensa de González Amador. En este sentido, han señalado que el ICAM ha afirmado que la actuación de la Fiscalía ha causado “perjuicios reputacionales” a González Amador, lo que, según la ALA, es un intento de influir en el juicio desde una posición de poder.
Además, la ALA ha denunciado que el ICAM ha hecho afirmaciones sobre la “contaminación del órgano judicial” en el caso, lo que podría interpretarse como un intento de socavar la confianza en el sistema judicial. Este tipo de declaraciones, según la ALA, no solo son inapropiadas, sino que también pueden tener un impacto negativo en la percepción pública de la justicia.
### Silencio ante la Filtración de Datos
Otro aspecto que ha generado controversia es el silencio del ICAM ante la filtración de un correo electrónico que contenía información sensible sobre el caso. Este correo, que fue divulgado por el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido objeto de críticas por parte de la ALA, que sostiene que el ICAM debería haber tomado medidas al respecto.
La ALA ha señalado que el Estatuto de la Abogacía establece que el deber de secreto profesional abarca todas las comunicaciones recibidas en el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, la filtración de este correo debería haber sido objeto de una investigación por parte del ICAM. Sin embargo, la asociación ha denunciado que no se ha iniciado ninguna acción al respecto, lo que pone en entredicho la integridad de la institución.
La falta de pronunciamiento del ICAM sobre esta filtración ha llevado a la ALA a cuestionar su compromiso con la ética profesional y la defensa de los derechos de los abogados. La ALA ha concluido que el ICAM ha fallado en su deber de proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre la Fiscalía y la defensa, lo que podría tener repercusiones graves en el desarrollo del juicio.
### Reacciones y Consecuencias
Las críticas hacia el ICAM han generado un debate más amplio sobre la función de los colegios de abogados en España y su papel en el sistema judicial. Muchos abogados han expresado su preocupación por la politización de estas instituciones, que deberían actuar de manera imparcial y objetiva. La ALA ha instado a una revisión de las prácticas del ICAM y ha pedido una mayor transparencia en sus actuaciones.
Este caso también ha puesto de relieve la necesidad de una mayor regulación sobre el papel de los colegios de abogados en los juicios, especialmente cuando actúan como acusaciones populares. La ALA ha propuesto que se establezcan mecanismos que garanticen la imparcialidad y la neutralidad de estas instituciones, para evitar que se conviertan en herramientas de presión política.
La controversia en torno al ICAM y su actuación en el juicio a García Ortiz es un recordatorio de la importancia de la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la abogacía. La confianza en el sistema judicial depende en gran medida de la percepción pública sobre la imparcialidad de las instituciones que lo componen. Por lo tanto, es fundamental que los colegios de abogados actúen con integridad y se mantengan al margen de la política para preservar la justicia y el estado de derecho en el país.