La relación entre los socios del Gobierno de coalición en España ha alcanzado un punto crítico, marcado por la crisis generada por los casos de presunta corrupción y acoso sexual en el PSOE. Este conflicto se ha intensificado tras la respuesta inicial del presidente Pedro Sánchez a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro. A pesar de las tensiones, el Ejecutivo ha comenzado a endurecer su postura, alineándose con los gobiernos progresistas de Latinoamérica, lo que ha permitido un acercamiento en los discursos de los socios de la coalición.
La política exterior es un tema sensible dentro del espacio a la izquierda del PSOE, donde algunos sectores han cuestionado la conveniencia de permanecer en el Gobierno. Desde el inicio de la crisis, los ministros de Sumar han exigido una condena firme de las acciones de Estados Unidos, un reclamo que Sánchez ha asumido como secretario general del PSOE. En un esfuerzo por mostrar unidad, el Gobierno español firmó un comunicado conjunto con Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, alineando sus posiciones con la izquierda institucional de la región.
Sin embargo, el lenguaje utilizado por el Gobierno sigue siendo diplomáticamente calculado. Mientras que los representantes de Sumar han utilizado términos como «agresión imperialista», el PSOE ha optado por un enfoque más moderado. Este contraste se ha evidenciado en las declaraciones de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, quien se refirió a la situación en Venezuela como un «ataque» e «invasión bélica» por parte de Estados Unidos. Este cambio en la retórica refleja la presión que Sumar ha ejercido sobre el PSOE para adoptar una postura más firme.
La situación se complica aún más con la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso. Albares ha solicitado comparecer para informar sobre la posición del Gobierno ante el «grave ataque» de Estados Unidos a Venezuela, un tema que ha generado un amplio debate en el arco progresista. Los representantes de Izquierda Unida (IU) han liderado las críticas hacia el Gobierno, acusándolo de tibieza y ambigüedad en su respuesta. Enrique Santiago, portavoz adjunto en el Congreso y secretario general del PCE, ha manifestado su descontento con los pasos dados hasta ahora, considerándolos insuficientes.
La cuestión de la OTAN también ha resurgido en este contexto. Santiago ha argumentado que España no puede seguir financiando a quien considera su verdugo, refiriéndose a Estados Unidos. Esta postura ha sido respaldada por Podemos, que ve en la salida de la OTAN un primer paso hacia la ruptura de relaciones con Estados Unidos. Los ministros de Sumar, incluyendo a la representante de IU, Sira Rego, han adoptado una posición más pragmática, abogando por una mayor autonomía militar dentro de la Unión Europea, especialmente tras las amenazas expansionistas de Donald Trump sobre Groenlandia.
Albares ha enfatizado la necesidad de un «auténtico salto de soberanía» en la política de defensa de la UE, sugiriendo que la seguridad y disuasión deben estar más en manos europeas. Esta crítica a la dependencia de Estados Unidos ha resonado en el discurso de Sumar, que aboga por dejar de considerar a Estados Unidos como el principal aliado y proveedor de seguridad. El ministro ha señalado que la respuesta de la UE ante la situación en Venezuela ha sido insuficiente, reclamando una condena más contundente y un «rearme moral» de los principios europeos frente a la administración estadounidense.
En medio de estas tensiones, Pedro Sánchez tiene programado un viaje a París para participar en una reunión sobre Ucrania, aunque no se espera que comparezca ante los medios. Mientras tanto, Bruselas ha reiterado que la transición en Venezuela debe ser liderada por los líderes de la oposición, un enfoque que ha sido rechazado por Trump. Desde el Gobierno español, se insiste en la importancia del diálogo tanto con el actual Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, como con la oposición.
El comunicado conjunto firmado por España y los cinco países latinoamericanos subraya que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, a través del diálogo y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas y en conformidad con el derecho internacional. Esta postura refleja un intento de equilibrar las demandas internas de los socios de la coalición con la necesidad de mantener una política exterior coherente y respetuosa con el derecho internacional.