La constructora Acciona se encuentra en el centro de una tormenta legal debido a su vinculación con el caso Koldo, un escándalo de corrupción que ha sacudido el sector de la construcción en España. En un intento por evitar la imputación como persona jurídica, la empresa ha presentado un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el que analiza sus relaciones con Servinabar, una empresa que está siendo investigada por su supuesta implicación en la trama. Este informe, que consta de 151 páginas, ha sido remitido al juez del caso, Ismael Moreno, y contiene detalles sobre las irregularidades que la constructora ha reconocido, aunque minimizando su gravedad.
### Contexto del Caso Koldo
El caso Koldo ha revelado una serie de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en el ámbito de la construcción, donde se sospecha que varias empresas, entre ellas Acciona, habrían recibido apoyo de individuos implicados en la trama. La Fiscalía y la Audiencia Nacional han comenzado a investigar a varios exdirectivos de la constructora, y la imputación de la empresa como entidad jurídica parece inminente. Para evitar responsabilidades penales, Acciona debe demostrar que contaba con un sistema de cumplimiento efectivo que previniera la comisión de delitos.
En su informe, la constructora argumenta que ha implementado un programa de cumplimiento que incluye diversas acciones, entre ellas la elaboración del mencionado documento. Sin embargo, el contenido del informe revela que, entre 2015 y 2025, Acciona pagó un total de 6,8 millones de euros a Servinabar, una empresa creada por el empresario Antxon Alonso, quien ha sido vinculado a la trama de corrupción. Este pago ha levantado sospechas, especialmente porque se ha descubierto que Servinabar vendió un 45% de sus acciones a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.
### Irregularidades Reconocidas por Acciona
El informe presentado por Acciona no solo busca demostrar su inocencia, sino que también reconoce la existencia de ciertas irregularidades en las transacciones con Servinabar. La empresa admite que no ha podido acreditar de manera suficiente la prestación efectiva de los servicios facturados y abonados a esta compañía. En particular, se mencionan dos proyectos específicos que están bajo revisión: un soterramiento de vías en Sant Feliu de Llobregat y la construcción de un tramo de la A-68 en La Rioja.
En el caso de Sant Feliu, Acciona señala que los informes periódicos que Servinabar facturaba eran, en realidad, una consolidación de información elaborada por la propia constructora. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de las operaciones realizadas. Por otro lado, en la obra de La Rioja, se identificó una factura de 95.000 euros (más IVA) por un Plan de Seguridad y Salud que, según se ha comprobado, no fue realizado por Servinabar, sino que fue firmado por empleados de Acciona.
Además, el informe destaca que Servinabar recibió pagos mensuales por sus servicios, a diferencia de otros proveedores que solo cobraban por trabajos específicos. Esta práctica ha suscitado inquietudes, ya que algunos de estos pagos, como 4.000 euros mensuales por asesoramiento en prevención, no cuentan con el soporte documental necesario que acredite la prestación de los servicios. En algunos casos, se sugiere que los pagos pudieron haber sido fraccionados para eludir los controles internos de la empresa, lo que añade otra capa de complejidad a la situación.
La situación se complica aún más con la decisión del juez Moreno de extender la investigación patrimonial a cuentas de cuatro sociedades que colaboraron con Acciona en las obras bajo sospecha. Esto indica que las autoridades están tomando medidas adicionales para esclarecer la magnitud de las irregularidades y la posible implicación de otros actores en la trama de corrupción.
El caso Koldo no solo pone en jaque a Acciona, sino que también refleja un problema más amplio en el sector de la construcción en España, donde la corrupción ha sido un tema recurrente. La necesidad de implementar sistemas de cumplimiento robustos y efectivos es más urgente que nunca, no solo para proteger a las empresas de posibles imputaciones, sino también para restaurar la confianza pública en las instituciones y en el uso de fondos públicos.
A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre las operaciones de Acciona y su relación con Servinabar. La presión sobre la constructora aumenta, y su capacidad para demostrar que ha actuado de manera ética y legal será crucial en los próximos meses. La situación actual plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las empresas en la prevención de la corrupción y la importancia de la transparencia en el sector de la construcción.