La jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa por la DANA de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana, ha citado como testigo al chófer de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior. También ha acordado la declaración de cuatro bomberos de Chiva, clave por su ubicación en la cabecera del barranco del Poyo. La investigación avanza con enfoque en lagunas operativas y decisiones políticas durante la emergencia. Se busca esclarecer responsabilidades ante las 230 víctimas mortales.
¿Por qué se cita al chófer de Salomé Pradas?
La citación responde a una petición formal del PSPV, personado como acusación popular. Los socialistas señalaron que testigos previos que acompañaron a Pradas en sus desplazamientos —como el trayecto entre Carlet y Valencia a mediodía— ofrecieron declaraciones con evasivas y lagunas importantes.
Se busca reconstruir conversaciones en el vehículo
Las autoridades necesitan aclarar qué se dijo, cuándo y con qué intención durante esos trayectos. El chófer es testigo directo de interacciones que podrían revelar conocimiento previo de riesgos, órdenes no ejecutadas o falta de coordinación institucional.
La Conselleria de Emergencias debe facilitar sus datos
La jueza ha ordenado a la Conselleria de Emergencias que aporte los datos de identidad del chófer, requisito previo para notificar la citación. Aún no se ha fijado fecha de declaración.
¿Qué papel tienen los bomberos de Chiva en la investigación?
El parque de bomberos de Chiva está ubicado en la cabecera del barranco del Poyo, epicentro de la mayor concentración de fallecidos. La asociación Mai Més, también acusación popular, solicitó expresamente la declaración de cuatro agentes.
Ya había inundación antes de las 18:00 horas
Un informe oficial confirma que, a las 17:50 horas, el cabo de guardia alertó al Consorcio de Bomberos de Valencia de que el edificio del retén de Chiva ya se estaba inundando. Esa información no se escaló con la urgencia requerida.
Abandonaron una autobomba por bloqueo hidráulico
Los bomberos habían sido movilizados diez minutos antes para un rescate en el polígono industrial de la Hoya de Buñol. No pudieron llegar. Tuvo que dejarse una autobomba inmovilizada por el agua. Ese hecho evidencia la pérdida de capacidad operativa en una zona crítica, minutos antes del colapso total.
¿Qué implica este avance para la responsabilidad institucional?
La citación de personal cercano a una exalta autoridad y de primeros intervinientes refleja un cambio de enfoque: ya no se investiga solo lo ocurrido en el terreno, sino también lo que se sabía, decidió y omitió en los despachos y en los vehículos oficiales.
El marco legal exige transparencia en emergencias
La Ley 17/2015 de Protección Civil obliga a la coordinación real entre administraciones. El Reglamento de Emergencias de la Comunidad Valenciana exige protocolos de alerta temprana y comunicación inmediata. Las declaraciones podrían revelar incumplimientos estructurales.
Impacto económico directo
Cada día de retraso en esclarecer responsabilidades frena la aprobación de fondos europeos para reconstrucción. El Fondo de Recuperación NextGenerationEU condiciona desembolsos a informes de gobernanza. Además, las demandas civiles por daños ya superan los 42 millones de euros.
¿Cómo afecta esto al sistema de alerta temprana?
El caso pone en evidencia la brecha entre la detección técnica del riesgo y su traducción en acción política. Los modelos meteorológicos alertaron con 48 horas de antelación. Pero no hubo activación temprana del nivel 3 de emergencia, ni órdenes claras de evacuación preventiva en zonas de barrancos.
Datos Clave
- La DANA de octubre de 2024 causó 230 fallecidos, la mayoría en el barranco del Poyo.
- El retén de bomberos de Chiva se inundó a las 17:50 horas, según informe oficial.
- El chófer de Salomé Pradas es el primer testigo vinculado directamente a una exconsellera citado en la causa.
- El PSPV y Mai Més son las dos únicas acusaciones populares admitidas en la causa.
- La Ley 17/2015 y el Reglamento de Emergencias CV son los marcos legales centrales en la investigación.
La causa DANA no es solo un proceso penal. Es un termómetro de la capacidad institucional para proteger vidas ante fenómenos extremos en un contexto de cambio climático acelerado. Cada testimonio aporta un eslabón para reconstruir no solo lo que pasó, sino por qué no se evitó.