La Fiscalía ha recurrido la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, exdirigente de ETA. Este recurso cuestiona la legalidad de su salida diaria de prisión de lunes a viernes. La medida, aprobada por el Gobierno vasco, se considera un tercer grado encubierto, al permitir actividades externas propias de un régimen más avanzado sin cumplir los requisitos legales. El caso pone en tensión los principios de progresividad penitenciaria, seguridad jurídica y reparación a las víctimas.
¿Qué establece el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario?
El artículo 100.2 regula un régimen de semilibertad excepcional. No es un paso habitual hacia la libertad condicional. Su finalidad es facilitar actividades puntuales e incompatibles con el régimen ordinario: formación especializada, tratamiento médico externo o intervenciones sociales concretas.
No está diseñado para permitir salidas diarias con doble jornada. Tampoco sustituye al tercer grado, que exige haber cumplido tres cuartas partes de la condena efectiva. Anboto no ha alcanzado ese umbral. Su situación no cumple el requisito esencial de itinerario progresivo.
¿Por qué se considera un tercer grado encubierto?
La resolución del Gobierno vasco autoriza a Anboto salidas diarias con actividades matutinas y vespertinas. Esa intensidad y frecuencia replican las condiciones del tercer grado. Pero sin el control judicial previo ni la evaluación objetiva exigida por ley.
El fiscal coordinador Carlos García-Berro subraya que la medida desnaturaliza el artículo 100.2. Lo convierte en una vía alternativa para eludir los requisitos del tercer grado, debilitando el sistema penitenciario.
¿Qué dice la ley sobre la progresividad en delitos de terrorismo?
La progresividad penitenciaria es un principio estructural. En delitos de terrorismo, su quebranto tiene consecuencias especialmente graves. La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige una evaluación rigurosa de la conducta, la peligrosidad y el impacto social.
Anboto no ha tenido experiencia previa de salidas prolongadas. Solo disfrutó de un permiso administrativo de dos días, sin control judicial. No existe un historial que respalde la confianza necesaria para este nivel de flexibilidad.
¿Qué exige la motivación reforzada en casos de terrorismo?
Cuando se trata de condenados por delitos de terrorismo, la ley exige una motivación reforzada. Esto implica analizar explícitamente el impacto social, el sufrimiento de las víctimas y la percepción de impunidad. No basta con una valoración genérica.
La resolución del Gobierno vasco no incluye esa evaluación específica. Tampoco considera la extrema notoriedad de Anboto ni la gravedad de sus delitos. Esa omisión vulnera el deber de transparencia y proporcionalidad.
¿Cuál es el impacto económico y social de esta decisión?
La aplicación irregular del artículo 100.2 genera costes reales. Implica un aumento de la vigilancia policial, coordinación interadministrativa y recursos judiciales para revisar la medida. Además, socava la confianza en la coherencia del sistema penitenciario.
Socialmente, alimenta la percepción de desigualdad ante la ley. Las víctimas de terrorismo exigen coherencia entre la gravedad del daño y la exigencia de cumplimiento íntegro de la condena.
¿Qué marco legal regula la vigilancia penitenciaria en España?
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, atribuyen al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria competencia exclusiva sobre medidas de libertad condicional, tercer grado y semilibertad. La Fiscalía actúa como garante de la legalidad.
El Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996) establece los requisitos objetivos para cada régimen. Su interpretación no puede eludir los principios de seguridad jurídica y protección de las víctimas.
Datos Clave
- El artículo 100.2 no autoriza salidas diarias ni doble jornada externa.
- Anboto no ha cumplido las tres cuartas partes de su condena efectiva, requisito indispensable para el tercer grado.
- Solo ha tenido un permiso administrativo de dos días, sin control judicial ni evaluación de riesgo.
- La Fiscalía denuncia un tercer grado encubierto, que desnaturaliza el régimen de semilibertad.
- En delitos de terrorismo, la ley exige motivación reforzada, incluyendo impacto victimológico y social.
- La progresividad penitenciaria es un principio estructural, no negociable en casos de extrema gravedad.
El caso Anboto no es un asunto técnico. Es una prueba de fuego para la coherencia del sistema penitenciario español. Cada decisión en materia de libertad anticipada debe respetar la ley, proteger a las víctimas y reforzar la confianza ciudadana en la justicia.