Fernando Samper, fundador de Forestalia, ha pedido formalmente el archivo y sobreseimiento de la causa penal abierta en el Juzgado de Teruel. Sus abogados alegan que se ha superado el plazo legal de instrucción sin hallazgos sustanciales. La solicitud afecta directamente a la investigación sobre presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal.
¿Por qué la defensa pide el archivo de la causa?
Los abogados Enrique Trebolle y Francisco García Berenguer sostienen que el plazo máximo de instrucción —un año— expiró el 1 de junio de 2025. Aseguran que no hay elementos indiciarios que justifiquen su prórroga. Además, cuestionan la validez del auto de entrada y registro del 27 de febrero de 2026. Afirman que carece de fundamento legal por ausencia de prórroga judicial válida.
El impacto del auto de registro del 27-F
Ese auto autorizó a la UCOMA a intervenir en el domicilio de Samper, sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid, y al menos diez localizaciones más. La defensa lo califica de inválido. Argumenta que su ejecución viola el principio de legalidad procesal. Sin una prórroga justificada, el registro carece de sustento jurídico.
¿Qué papel juega la prejudicialidad contencioso-administrativa?
La defensa solicita, como alternativa al archivo, la suspensión del procedimiento penal. Lo hace bajo el argumento de prejudicialidad. Varios recursos contencioso-administrativos están pendientes de resolución ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Estos afectan directamente a la legalidad de los actos administrativos que sustentan parte de la investigación penal.
El marco legal de la suspensión por prejudicialidad
El artículo 223 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite suspender un proceso penal si su resolución depende de la decisión de otro órgano jurisdiccional. La defensa alega que los litigios administrativos podrían invalidar la base fáctica de la causa penal. Por ejemplo, si se anulan licencias o resoluciones que sustentan los cargos, desaparece el fundamento de la acusación.
¿Cuál es el impacto económico del caso Forestalia?
Forestalia gestiona más de 2.000 MW de proyectos renovables en Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía. El caso ha generado incertidumbre regulatoria y financiera. Varios proyectos están paralizados. Bancos han restringido líneas de crédito. Inversores extranjeros han pospuesto decisiones. El sector eólico y solar español enfrenta una presión adicional por la falta de claridad jurídica en procesos de esta envergadura.
Datos Clave
- El plazo legal de instrucción expiró el 1 de junio de 2025.
- El auto de registro del 27 de febrero de 2026 carece, según la defensa, de prórroga válida.
- Se han interpuesto múltiples recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo y el TSJ de Madrid.
- La solicitud de sobreseimiento se basa en la ausencia de elementos indiciarios tras un año de investigación.
- Forestalia tiene comprometidos más de 2.000 MW en energía renovable en desarrollo.
¿Qué dice el marco práctico actual sobre la duración de la instrucción?
La instrucción penal no es indefinida. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece plazos estrictos. El juez puede prorrogarlos solo con motivos fundados y notificados. La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que la prórroga se base en dificultades objetivas, no en la complejidad genérica del caso. Aquí, la defensa alega que no hubo tales dificultades. Tampoco se incorporaron nuevos indicios tras el vencimiento del plazo.
El rol del juez instructor Juan José Cortés
El magistrado Juan José Cortés, instructor del caso, debe decidir si acoge la solicitud de archivo o aplica la suspensión. Su resolución tendrá efecto inmediato sobre la viabilidad de los procesos paralelos. También influirá en la percepción de seguridad jurídica del sector energético. Una decisión favorable a Samper reforzaría la exigencia de rigor procesal. Una denegación podría abrir vías de recurso ante la Audiencia Provincial y, eventualmente, el Tribunal Supremo.