El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha formalizado la reducción de la jornada laboral de los empleados de la Administración General del Estado (AGE) a 35 horas semanales. Esta medida afecta a 250.000 funcionarios y entra en vigor tras un acuerdo con los sindicatos. No aplica automáticamente a los empleados locales. Su impacto económico, legal y operativo requiere análisis detallado para evitar malentendidos institucionales y laborales.
¿Qué implica la nueva instrucción para la AGE?
La instrucción del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública modifica la jornada ordinaria de los funcionarios estatales. Se elimina la jornada de 37,5 horas semanales y se fija una de 35 horas efectivas. Esto representa una reducción de 2,5 horas semanales, equivalente a 130 horas anuales.
La medida se aplica de forma inmediata y vinculante para toda la AGE. Incluye ministerios, organismos autónomos y entidades públicas vinculadas al Gobierno central. No requiere negociación adicional en cada departamento: es de aplicación directa.
¿Por qué se reduce la jornada ahora?
La decisión responde a compromisos del Acuerdo para la Modernización de la Función Pública, firmado en 2025. Busca mejorar la conciliación laboral, reducir el presentismo y alinear la AGE con estándares europeos de productividad y bienestar. También forma parte de la estrategia de digitalización administrativa, que permite optimizar tareas sin incrementar la carga horaria.
¿Los ayuntamientos están obligados a aplicarla?
No. La instrucción excluye expresamente a las entidades locales. Los ayuntamientos, diputaciones y cabildos no están sujetos a esta norma. Su régimen laboral sigue regido por la disposición adicional 144ª de la Ley 6/2018, que mantiene la jornada general de 37,5 horas semanales, salvo pacto distinto.
Esto significa que ningún empleado municipal puede exigir la reducción únicamente con base en esta instrucción. La aplicación depende de acuerdos locales previos o futuros entre corporaciones y representantes sindicales.
¿Qué pasa si ya hay un convenio municipal de 35 horas?
Si un ayuntamiento ya pactó una jornada inferior a 37,5 horas —por ejemplo, 35 o 34 horas—, ese acuerdo sigue vigente. La nueva instrucción no lo invalida ni lo modifica. Tampoco lo sustituye: su régimen es autónomo y se mantiene por su propia naturaleza convencional.
¿Cuál es el impacto económico de la reducción?
La reducción implica un aumento de costes estimado en 180–220 millones de euros anuales para la AGE. Este cálculo incluye: incremento de personal para cubrir la pérdida de horas, ajustes en turnos y reorganización de servicios esenciales.
Sin embargo, el Ministerio estima una contrapartida en eficiencia operativa: menor absentismo, menor rotación y mayor productividad por hora trabajada. Estudios del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que funcionarios con jornadas reducidas registran un 12 % menos de bajas por estrés.
¿Qué marco legal regula la jornada de los empleados públicos?
La Ley 7/2007, del Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP) establece los principios generales. La Ley 6/2018 y sus disposiciones adicionales regulan las excepciones y adaptaciones. La nueva instrucción se enmarca en el artículo 53 del EBEP, que permite modificar condiciones de trabajo mediante acuerdos colectivos o instrucciones ministeriales vinculantes.
Los ayuntamientos, en cambio, se rigen por el Real Decreto Legislativo 5/2015, que remite a los convenios colectivos locales y a la autonomía normativa de las entidades.
Datos Clave
- La reducción a 35 horas semanales afecta a 250.000 funcionarios de la AGE.
- Los ayuntamientos no están incluidos: su jornada sigue siendo de 37,5 horas, salvo convenio.
- La medida entra en vigor de forma inmediata, sin necesidad de negociación adicional en la AGE.
- El impacto presupuestario estimado es de más de 180 millones de euros anuales.
- La base legal principal es el Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP) y la Ley 6/2018.
El cambio refleja una evolución en la gestión pública: prioriza la calidad del servicio sobre la cantidad de horas. No es una simple reducción horaria, sino una redefinición del modelo de trabajo en la administración. Su éxito dependerá de la capacidad de integrarla con herramientas digitales, formación continua y evaluación por resultados —no por presencia.