Forestalia, el promotor aragonés de energías renovables, ha tramitado 307 proyectos ante la Administración General del Estado (AGE) desde 2020. Solo 22 han obtenido Autorización administrativa de construcción (AAC). Menos del 7% están operativos. Esto contrasta con la media nacional del 26% de proyectos construidos por otros 1.600 promotores. La brecha revela tensiones entre ambición industrial y ejecución real.
¿Qué explica el bajo índice de construcción de Forestalia?
La baja tasa de ejecución no responde a un solo factor. Se entrelazan limitaciones técnicas, retrasos regulatorios y cambios en el marco de ordenación del territorio. Forestalia ha concentrado muchos proyectos en zonas con alta competencia por el uso del suelo. Además, algunos han chocado con informes desfavorables de órganos ambientales competentes, como la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Falta de coordinación interadministrativa
Los trámites se fragmentan entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd), comunidades autónomas y ayuntamientos. Forestalia ha presentado proyectos en Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Cada región aplica criterios distintos sobre capacidad de conexión a red y compatibilidad con planes de ordenación. Esto ralentiza la obtención de licencias urbanísticas y ambientales.
¿Qué dice la normativa sobre la caducidad de las autorizaciones?
La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 7/2021 de Cambio Climático, establece plazos máximos para la ejecución de proyectos tras la concesión de la AAC. Si no se inicia la construcción en 24 meses, la autorización caduca. El 87% de los proyectos de Forestalia (268 de 307) ha caído en esta categoría. Esto no implica sanción, pero sí pérdida de prioridad en futuras convocatorias.
El efecto en la planificación energética nacional
El retraso acumulado afecta el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021–2030). España necesita 42 GW adicionales de energía solar fotovoltaica y 34 GW de eólica para 2030. Cada proyecto caducado representa una brecha en la inversión privada y en la creación de empleo verde.
¿Cuál es el impacto económico real de esta situación?
Forestalia ha movilizado más de 4.000 millones de euros en inversión proyectada. La baja ejecución implica una pérdida estimada de 1.200 millones en inversión efectiva y 8.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Además, los retrasos en la puesta en marcha de parques reducen los ingresos fiscales por impuesto sobre sociedades y IVA en zonas rurales con alta dependencia energética.
La brecha con el sector privado
Mientras Forestalia construye menos del 7%, empresas como Iberdrola, Acciona y Endesa superan el 40% de ejecución en sus carteras ante la AGE. Su ventaja radica en mayor capacidad de gestión de trámites administrativos, acceso a capacidad de conexión prioritaria, y alianzas con distribuidoras locales.
¿Recibió Forestalia ayudas públicas en los últimos siete años?
No. El Gobierno de España confirma que no constan ayudas públicas a Forestalia desde 2019. Tampoco ha accedido a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) ni a subvenciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Su financiación proviene íntegramente de capital privado y deuda bancaria.
Datos Clave
- Forestalia ha tramitado 307 proyectos ante la AGE desde 2020.
- 268 proyectos (87%) han caducado por falta de ejecución.
- Solo 22 cuentan con Autorización administrativa de construcción (AAC) vigente.
- La tasa de construcción real es del 7%, frente al 26% promedio del sector.
- No ha recibido ayudas públicas desde 2019, según el Gobierno.
- La caducidad no implica sanción, pero sí pérdida de prioridad en futuras convocatorias.
El caso Forestalia ilustra un desafío sistémico: la aceleración de la transición energética requiere más que licencias. Exige coherencia entre planificación, red eléctrica y gobernanza territorial. Sin esa alineación, los proyectos se quedan en papel, y los objetivos climáticos se dilatan.