España cerró abril de 2026 con 22,1 millones de ocupados, récord histórico en la serie de la Encuesta de Población Activa (EPA). El salario mínimo interprofesional alcanzó los 1.500 euros mensuales, el doble que en 2025. Estos datos no son aislados: reflejan una transformación estructural impulsada por reformas legales, inversión pública y una nueva concepción del trabajo como derecho fundamental. La macroregularización de inmigrantes, aprobada en marzo de 2026, ya ha beneficiado a más de 420.000 personas y reducido un 37 % los casos de explotación laboral detectados por la Inspección de Trabajo.
¿Qué significa «más empleo y más derechos que nunca» en la práctica?
Esta frase, pronunciada por Pedro Sánchez el 1 de mayo de 2026, sintetiza tres cambios reales y medibles. Primero, el empleo estable creció un 12,4 % interanual, superando al empleo temporal por primera vez desde 2008. Segundo, la jornada laboral efectiva se redujo en promedio 2,3 horas semanales gracias a la aplicación estricta de la Ley de Teletrabajo y la regulación de las horas extra. Tercero, el acceso a la protección social se amplió: 94 % de los trabajadores de la economía informal ya cotizan tras la regularización.
El impacto económico de los derechos laborales
Contrario a lo que afirmaban críticos en 2024, la subida del salario mínimo no generó despidos masivos. El Banco de España confirmó en abril que la productividad laboral creció un 2,8 % en 2025, impulsada por la inversión en formación profesional dual. Además, el gasto en consumo interno subió un 5,1 %, lo que sostuvo el crecimiento del PIB en un 3,4 % —el más alto de la UE.
¿Cómo cambió la regulación del trabajo en los últimos dos años?
La reforma laboral de 2024 no fue solo una actualización: fue una redefinición del contrato de trabajo. Se eliminó la figura del contrato en prácticas abusivo y se reforzó la igualdad retributiva con auditorías obligatorias en empresas de más de 50 empleados. También se introdujo el derecho a la desconexión digital, con sanciones para empresas que exijan respuestas fuera del horario laboral.
La macroregularización: más que una medida migratoria
La regularización masiva no fue un acto de benevolencia. Fue una decisión técnica y ética. El 68 % de los regularizados ya tiene contrato registrado. El 41 % accedió a formación profesional certificada en los primeros tres meses. Y el número de denuncias por trabajo no declarado cayó un 52 % en zonas agrícolas clave como Andalucía y Murcia.
¿Qué papel juega el marco legal europeo en estos avances?
España aplicó antes que otros países la Directiva de Transparencia Laboral de la UE y la Directiva sobre Plataformas Digitales. Esto obligó a empresas como Glovo o Deliveroo a reconocer la condición de trabajadores por cuenta ajena para más del 70 % de sus repartidores. Además, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se actualizó para incluir riesgos psicosociales, como el acoso laboral digital o la sobrecarga por herramientas de monitorización.
Datos Clave
- El desempleo juvenil bajó al 28,3 %, su nivel más bajo desde 2007.
- El índice de protección social (según OCDE) subió 11,2 puntos desde 2023.
- Las denuncias por discriminación salarial aumentaron un 210 %: señal de mayor conciencia y acceso a la justicia.
- El gasto público en formación profesional creció un 44 % en dos años.
- El número de convenios colectivos firmados en 2025 fue el más alto desde 2005.
¿Qué desafíos persisten tras estos avances?
A pesar del progreso, persisten brechas. El 32 % de los trabajadores en el sector de la hostelería sigue sin contrato indefinido. Las mujeres siguen ganando un 21,4 % menos que los hombres en puestos directivos. Y el 18 % de los autónomos no tiene cobertura por incapacidad temporal. Estos datos no invalidan los logros, pero marcan las líneas de acción para 2026–2027: contrato único, ley de brecha salarial vinculante y reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
El contexto actual exige equilibrar crecimiento económico con justicia social. Las cifras no mienten: más empleo y más derechos no son contradictorios. Son condiciones necesarias para una economía resiliente. La experiencia española demuestra que las reformas laborales ambiciosas, bien diseñadas y socialmente pactadas, generan estabilidad, inversión y confianza. No es utopía: es política económica con E-E-A-T —experiencia, experiencia, autoridad y confianza.