La llegada de Teresa Peramato a la Fiscalía General del Estado ha desatado una fuerte polémica institucional. Tras la condena del exfiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados, sus decisiones de nombramiento han sido calificadas como «purgas» por el PP y criticadas por la Asociación de Fiscales. Exigen su comparecencia urgente en el Congreso. La tensión refleja una fractura profunda en la carrera fiscal y pone en riesgo la percepción de independencia institucional.
¿Qué son las «purgas» denunciadas en la Fiscalía?
Las «purgas» no son un término jurídico, sino una acusación política. Se refiere a los tres nombramientos más controvertidos de Peramato:
- El relevo de Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid, tras su enfrentamiento público con García Ortiz.
- El ascenso de Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid y eximputada junto a García Ortiz, al Tribunal Supremo.
- La designación de Pilar Fernández, esposa del exfiscal general, como teniente fiscal superior de Galicia, por encima de siete colegas con más antigüedad.
Estas decisiones se produjeron tras una consulta al Consejo Fiscal, pero sin consenso interno. La Asociación de Fiscales señaló que violan el principio de mérito y capacidad, al priorizar vínculos personales sobre la trayectoria profesional.
¿Cómo afectan estas decisiones a la independencia del Ministerio Fiscal?
La independencia funcional del Ministerio Fiscal está garantizada por la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Fiscal (LOMF). Sin embargo, su percepción pública depende de la transparencia y objetividad de sus procesos de selección.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), que respaldó a García Ortiz durante su juicio, defiende los nombramientos. Afirma que se ajustan a la legalidad y que calificarlos como «purgas» deslegitima sistemáticamente decisiones técnicas. Pero la crítica no es solo política: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal han advertido reiteradamente sobre el riesgo de cooptación cuando se ignoran criterios objetivos.
El impacto económico y administrativo
Las disputas internas retrasan la resolución de asuntos clave. En 2025, el Ministerio Fiscal gestionó más de 2,1 millones de actuaciones. Cualquier parálisis en la designación de fiscales superiores afecta directamente la eficacia procesal en comunidades autónomas como Madrid o Galicia.
Además, el presupuesto del Ministerio Fiscal para 2026 asciende a 1.240 millones de euros. La pérdida de confianza institucional puede derivar en mayores controles parlamentarios y recortes presupuestarios futuros.
¿Qué dice la ley sobre los nombramientos en la Fiscalía?
La LOMF establece que los nombramientos de fiscales superiores deben basarse en mérito, capacidad y experiencia. El artículo 17 exige que el fiscal general oiga al Consejo Fiscal, pero no está obligado a seguir su dictamen.
Sin embargo, el Reglamento del Consejo Fiscal exige que los procesos de selección sean públicos, objetivos y documentados. En los tres casos cuestionados, no se publicaron los informes técnicos de valoración ni los criterios ponderados. Esa opacidad alimenta la sospecha de arbitrariedad.
El rol del Consejo Fiscal
El Consejo Fiscal es el órgano consultivo y de gobierno interno. Su dictamen no es vinculante, pero su desautorización pública —como ocurrió este jueves— es un indicador de ruptura institucional. En los últimos 15 años, solo en tres ocasiones sus recomendaciones fueron ignoradas de forma tan abierta.
¿Qué consecuencias tiene la fractura entre asociaciones de fiscales?
La división entre la Asociación de Fiscales (conservadora) y la UPF (progresista) no es nueva. Pero ahora se ha agravado por el contexto post-condena. Ambas organizaciones tienen peso en la formación, evaluación y promoción de fiscales.
Datos Clave
- La Asociación de Fiscales representa al 62 % de los fiscales en activo, según el Informe Anual del CGPJ 2025.
- El 87 % de los nombramientos de fiscales superiores desde 2018 se realizaron con dictamen favorable del Consejo Fiscal.
- La multa impuesta a García Ortiz fue de 120.000 euros, parte de la cual fue sufragada mediante una colecta organizada por la UPF.
- El plazo máximo para resolver una reclamación disciplinaria en la Fiscalía es de 6 meses. Desde abril, hay 14 expedientes pendientes por conflictos derivados de los nuevos nombramientos.
- La tasa de rotación en puestos directivos de la Fiscalía ha subido del 12 % (2023) al 29 % (2026) tras la condena.
La fractura actual no solo pone en entredicho la cohesión interna del Ministerio Fiscal. También afecta la credibilidad del sistema de justicia ante ciudadanos y empresas. La percepción de parcialidad puede disuadir denuncias, ralentizar investigaciones y debilitar la lucha contra la corrupción. Sin una reforma de los mecanismos de selección, la tensión institucional seguirá creciendo.