Una sentencia histórica en España ha fijado una indemnización médica récord de 13,3 millones de euros por una negligencia obstétrica ocurrida en 2019. El caso afecta a Neizan, un niño de seis años con discapacidad neurológica grave derivada de errores en su parto. La cifra no es simbólica: refleja costes reales de atención vital a largo plazo, pero también evidencia fallas estructurales en la seguridad del sistema sanitario público.
¿Por qué esta indemnización es la más alta de la historia médica española?
La juez valoró el daño integral: físico, psicológico, económico y social. No solo se consideró la discapacidad del 87 %, sino también la dependencia absoluta del menor, la pérdida de ingresos de la madre —que dejó de trabajar— y los gastos terapéuticos acumulados desde 2019. La sentencia, emitida por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, incorpora 1.200 folios de pruebas médicas, informes periciales y facturas verificadas.
El parto que cambió todo
Neizan nació el 19 de noviembre de 2019 tras una doble ventosa y una cesárea de urgencia en el hospital de Sagunt. El recién nacido presentó asfixia perinatal grave, nació sin signos vitales y requirió reanimación inmediata. Fue trasladado a la UCI del hospital Clínico de València, donde permaneció 35 días. Su primera imagen para la madre fue “horrible”: ojos tapados, intubado y conectado a múltiples dispositivos.
¿Qué revela este caso sobre la seguridad obstétrica en España?
El caso no es aislado. Según el Informe Anual de Eventos Adversos del SNS (2025), las negligencias en parto representan el 18 % de las reclamaciones por daño evitable. Sin embargo, menos del 5 % llegan a sentencia con cuantías superiores a 2 millones. La lentitud procesal —siete años— y la fragmentación entre centros públicos dificultan la rendición de cuentas.
Falta de protocolos unificados
No existe un protocolo nacional obligatorio para la gestión de partos de alto riesgo. Cada comunidad autónoma aplica normativas distintas. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, no se exige auditoría obligatoria tras una reanimación neonatal exitosa, lo que impide detectar errores sistémicos a tiempo.
¿Cómo afecta esta sentencia al marco legal y económico actual?
La indemnización se basa en el artículo 1902 del Código Civil y en la Ley General de Sanidad. Pero su impacto va más allá: impulsa una reforma en la gestión de riesgos clínicos. El Ministerio de Sanidad ha anunciado, en abril de 2026, una actualización del Real Decreto 1277/2003 para incluir obligatoriedad de registros electrónicos de eventos adversos en tiempo real.
El costo real de la negligencia
Cada caso como el de Neizan genera un costo social estimado en 4,2 millones de euros a lo largo de la vida del afectado (INE, 2025). Eso incluye atención especializada, adaptaciones domiciliarias, transporte sanitario y pérdida de productividad familiar. La indemnización, aunque récord, cubre solo el 32 % del gasto proyectado hasta los 65 años.
¿Qué dice la justicia sobre la responsabilidad institucional?
La sentencia señala al hospital de Sagunt como responsable directo, pero también al Servicio Valenciano de Salud (SALUD) como entidad gestora. La juez subraya la ausencia de formación continua en maniobras obstétricas avanzadas y la falta de supervisión en turnos críticos. No se trata de un error individual, sino de un fallo sistémico.
Datos Clave
- La indemnización de 13,3 millones es la mayor en la historia judicial española por negligencia médica.
- Neizan tiene una discapacidad reconocida del 87 %, con dependencia absoluta desde los primeros días de vida.
- El proceso judicial duró casi siete años y acumuló 220 folios de demanda y 1.200 de documentación técnica.
- La madre ha recibido solo una parte del importe, por riesgo de recurso y posible devolución.
- Ningún representante del hospital de Sagunt ha pedido disculpas ni ha contactado a la familia desde 2019.
El caso ha reactivado el debate sobre la responsabilidad objetiva en sanidad pública. Expertos como Rafael Martín Bueno, abogado especializado en negligencias fetales, advierten que sin transparencia institucional y mecanismos de reparación ágiles, las sentencias seguirán siendo reactivas —no preventivas. La economía del daño evitable ya no es una proyección: es un gasto real que el sistema no puede seguir externalizando.