La moción de censura en Lugo 2026 no es solo un cambio de alcalde. Es el fin de un bipartito progresista que gobernó la ciudad desde 2023. También es el regreso de la derecha al bastón de mando tras 27 años. El 7 de mayo de 2026, Elena Candia (PP) asume la alcaldía tras el apoyo clave de la edil tránsfuga María Reigosa. Los proyectos urbanos siguen su curso: la estación intermodal, el plan vial y la estatua de Paula Alvarellos. Pero el precio político ha sido alto: protestas ciudadanas, denuncias ante la Policía y un debate nacional sobre la ley de incompatibilidades y la ley de estabilidad local.
¿Qué implica la moción de censura en Lugo para la gobernabilidad municipal?
La moción de censura en Lugo 2026 se aprobó con 13 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones. El apoyo de María Reigosa fue decisivo. Su salida del grupo municipal del PSdeG activó el artículo 187 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Ese artículo exige que los concejales que abandonan su grupo no puedan integrarse en otro durante el mismo mandato, salvo que se produzca una disolución previa del pleno. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo permite su participación en votaciones clave si no hay sanción formal.
El cambio no interrumpe los proyectos. La estación intermodal sigue en fase de pruebas técnicas. El nuevo plan vial ya tiene licencia ambiental. Y la estatua de Paula Alvarellos se instalará el 15 de junio. Pero sí altera la gobernabilidad: el PP ahora lidera una minoría absoluta con apoyos tácticos.
¿Cómo afecta el transfuguismo a la confianza ciudadana en Lugo?
La plataforma ‘Transfuguismo Non, Democracia Si’ reunió a más de 800 personas frente al concello. Su pancarta ‘Xudas vendeuse por 30 moedas’ se volvió viral. La protesta no fue espontánea: contó con el respaldo de 12 asociaciones vecinales y tres sindicatos locales.
La denuncia ante la Policía Nacional se centró en presuntos delitos de cohecho y abuso de poder, aunque la Fiscalía descartó la vía penal por falta de indicios. Lo que sí se activó fue el procedimiento sancionador del Consejo de Ética Municipal, que podría inhabilitar a Reigosa por un máximo de 10 años.
El impacto económico del cambio político
- El presupuesto municipal de 2026 ya está ejecutado al 42 %.
- Ningún contrato público se ha paralizado tras la moción.
- El Ayuntamiento de Lugo mantiene su calificación crediticia AAA con la Agencia de Calificación Local.
- El plan de choque contra la despoblación sigue vigente, con 4,2 millones de euros asignados.
¿Qué marco legal regula las mociones de censura en los ayuntamientos españoles?
La LRBRL es la norma rectora. Su artículo 187 regula la moción de censura. El artículo 188 exige mayoría absoluta para su aprobación. El artículo 190 establece que el nuevo alcalde debe ser elegido entre los concejales en activo. No se requiere investidura previa, como en el Congreso.
La Ley Orgánica 2/2023 de Estabilidad Presupuestaria también aplica. Obliga a que cualquier cambio de gobierno respete los compromisos de gasto aprobados. Por eso, el PP no puede cancelar el plan de movilidad sostenible, aunque sí modificar sus prioridades.
Datos Clave
- La derecha no gobernaba Lugo desde 1999, hace 27 años.
- La moción de censura fue presentada el 23 de abril de 2026, 14 días antes de la votación.
- María Reigosa perdió su condición de portavoz del PSdeG el 12 de abril, tras su salida del grupo.
- El PP obtuvo 12 concejalías en las elecciones de 2023, pero ahora gobierna con 13 votos gracias al apoyo externo.
- La Ley de Incompatibilidades no sanciona el transfuguismo, pero sí lo regula en el ámbito ético municipal.
¿Cuál es el impacto real del cambio en los servicios públicos de Lugo?
Los servicios esenciales no se han visto afectados. El Plan de Emergencia Municipal sigue activo. La limpieza urbana mantiene su frecuencia. El transporte urbano no ha modificado sus horarios. Pero sí hay cambios en el ritmo de las licitaciones: tres expedientes de contratación se han retrasado por revisión jurídica.
El nuevo equipo ha priorizado la transparencia activa: ya publicó el listado completo de reuniones con lobbies y el cronograma de obras para 2026–2027. También ha reactivado el Consejo de Participación Ciudadana, suspendido desde 2024.
El contexto nacional también pesa. El Gobierno de España impulsa una reforma de la Ley de Régimen Local para limitar el transfuguismo. El anteproyecto prevé sanciones económicas y la pérdida automática del acta si se cambia de grupo sin justificación objetiva. Lugo podría convertirse en caso de estudio para esa reforma.