En abril de 2023, jugadoras del Alhama CF denunciaron un patrón sistemático de acoso psicológico, violación de la intimidad y conducta sexual inapropiada por parte de su entrenador, Randri García. La sentencia judicial de 2026 confirma los hechos y condena al entrenador, a su esposa Tamara Ruiz —ahora presidenta del club— y al propio Alhama CF. Las víctimas recibirán una indemnización económica tras una investigación que reveló abusos estructurales en el entorno deportivo.
¿Qué hechos probó la sentencia judicial contra Randri García?
La jueza acreditó expresiones vejatorias repetidas contra las jugadoras. Entre ellas: “estáis gordas”, “no podéis correr porque el culo os pesa”, y frases de contenido sexual explícito como “estáis jugando sólo porque sois mujeres”. Estas declaraciones no fueron aisladas. Formaron parte de un patrón constante de desprecio profesional y menoscabo de la dignidad laboral.
Entrada no autorizada en vestuarios y difusión de imágenes íntimas
El entrenador accedía al vestuario mientras las jugadoras se duchaban. Además, envió por WhatsApp una fotografía de desnudos de miembros del equipo técnico. La imagen fue distribuida mediante una lista de difusión a toda la plantilla. Esto constituyó una violación grave de la intimidad y una forma de acoso sexual colectivo, según la sentencia.
¿Cómo afecta esta sentencia al marco legal del deporte femenino en España?
La resolución se basa en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y el Estatuto de los Trabajadores. El tribunal consideró que el Alhama CF incumplió su deber de garantizar un entorno laboral seguro. La figura de Tamara Ruiz como presidenta fue clave: su responsabilidad no se limitó a la gestión administrativa, sino que se extendió a la supervisión del clima laboral.
El rol de las plataformas digitales en los procesos judiciales
El uso de WhatsApp como canal de acoso fue determinante. Los mensajes y la imagen enviada sirvieron como prueba digital válida. Esto refuerza la necesidad de protocolos internos de gestión de comunicación digital en clubes deportivos. Las plataformas de mensajería ya no son espacios privados: son registros legales.
¿Cuál es el impacto económico real de este caso para los clubes?
La multa impuesta afecta directamente la sostenibilidad financiera de entidades como el Alhama CF. En un sector con bajos ingresos y dependiente de subvenciones públicas, una condena económica puede comprometer la continuidad de proyectos formativos. Además, el daño reputacional reduce el apoyo de patrocinadores y afecta la captación de talento femenino.
La brecha de denuncia en el fútbol amateur
Solo el 68% de la plantilla consideró inadecuado el comportamiento del entrenador. El 32% lo justificó o no lo percibió como tal. Este dato revela una normalización del acoso en entornos deportivos no profesionalizados. La falta de formación en igualdad y prevención sigue siendo un riesgo sistémico.
¿Qué implica esta sentencia para la gobernanza del fútbol femenino?
La condena marca un precedente para la exigencia de transparencia en la dirección de clubes. No basta con tener estatutos: se requiere capacitación obligatoria en igualdad, protocolos de denuncia accesibles, y mecanismos de protección real para denunciantes. La RFEF y las federaciones autonómicas deben actualizar sus normativas para alinearlas con la Ley Orgánica 10/2022 contra la violencia sexual.
Datos Clave
- La sentencia acredita acoso psicológico, sexual y laboral contra 12 jugadoras del Alhama CF.
- El entrenador fue condenado por delitos contra la intimidad y la integridad moral.
- Tamara Ruiz fue sancionada como responsable directa de la gestión del club, no como mero testigo.
- El Alhama CF deberá pagar una indemnización económica conjunta a las víctimas.
- El 80% de las jugadoras entrevistadas declaró haber sufrido humillaciones reiteradas durante la temporada 2022–2023.
El caso Randri García no es una excepción aislada. Es un espejo de las deficiencias estructurales en la protección de las deportistas. La sentencia no solo sanciona conductas individuales: exige una reforma profunda en la cultura organizacional del fútbol femenino español.