Iberdrola presiona para reformar el modelo de gestión de la red de alta tensión en España. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, denuncia que Red Eléctrica de España concentra funciones incompatibles: es operador del sistema eléctrico y gestor comercial de la red de transporte. Esta duplicidad frena la inversión, limita la competencia y obstaculiza la electrificación acelerada que exige la transición energética.
¿Qué problema plantea Iberdrola con el modelo actual de Red Eléctrica?
El modelo español es único en el mundo. Red Eléctrica de España es una compañía semipública (con el 20% del Estado) que actúa como operador del sistema eléctrico —función pública y regulada— y como gestor de la red de transporte —actividad comercial con retorno económico.
Este doble rol no existe en los mercados donde Iberdrola opera redes: Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Australia. Allí, las funciones están separadas por ley para garantizar transparencia, eficiencia y equidad en el acceso a la red.
¿Por qué es crítico este monopolio en 2026?
La electrificación de la industria, el transporte y los edificios está multiplicando la demanda de capacidad de red. Sin embargo, restricciones regulatorias impiden que Iberdrola y otros inversores amplíen infraestructuras. En algunos casos, la compañía no puede entregar energía a clientes que la solicitan, por limitaciones técnicas y legales en la red de alta tensión.
¿Qué propone Iberdrola para resolverlo?
Sánchez Galán exige un nuevo marco regulatorio que permita la participación privada en la inversión, construcción y operación de redes de transporte. No pide desregularización, sino desdoblamiento funcional: que la operación del sistema eléctrico (función pública) se separe de la gestión de activos de red (actividad económica regulada).
Este cambio permitiría atractivos flujos de ingresos regulados para inversores privados. De hecho, Iberdrola ya tiene 70.000 millones de euros en activos regulados previstos para 2028: 50.000 en redes de distribución y 20.000 en redes de transporte —pero todos fuera de España.
¿Cuál es el impacto económico del statu quo?
El monopolio actual frena la inversión en redes. Según estimaciones del sector, España necesita más de 25.000 millones de euros adicionales en infraestructura de transporte para cumplir sus objetivos de descarbonización al 2030. Sin competencia regulada, el ritmo de despliegue se ralentiza, aumentan los retrasos en proyectos renovables y se elevan los costes de integración para generadores y consumidores.
¿Qué dice la ley actual sobre la red de alta tensión?
La Ley del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000 reservan la construcción y explotación de la red de transporte en exclusiva a Red Eléctrica de España. Esta exclusividad está amparada por el carácter estratégico del sistema, pero no contempla mecanismos de apertura gradual ni de separación funcional —como sí exige la Directiva Europea 2019/944 sobre el mercado interior de la energía.
¿Qué exige la normativa europea?
La Unión Europea obliga a los Estados miembros a garantizar la separación funcional entre operación del sistema y actividades comerciales. Aunque España ha implementado la separación contable y organizativa, no ha avanzado en la separación operativa real. Esto genera riesgos de conflicto de intereses, falta de transparencia en el acceso a la red y menor eficiencia en la asignación de capacidades.
¿Qué datos clave debe conocer un inversor o regulador?
- Red Eléctrica de España es la única empresa autorizada para gestionar la red de alta tensión en España.
- El Estado posee el 20% del capital de Red Eléctrica, que además forma parte de un grupo cotizado con inversiones en múltiples mercados.
- Iberdrola proyecta 70.000 millones de euros en activos regulados para 2028 —pero cero en redes de transporte en España.
- La Directiva Europea 2019/944 exige separación funcional real, no solo contable.
- Restricciones regulatorias impiden entregar energía a clientes en zonas con alta demanda renovable.
El debate ya no es teórico: es económico, legal y estratégico. La capacidad de España para atraer inversión privada en redes depende de su voluntad de alinear su marco con los estándares europeos y con las necesidades reales de la transición energética.