El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el caso Plus Ultra, tras hallazgos sobre presuntas conductas de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y gestión fraudulenta. Será citado a declarar como investigado los días 17 y 18 de junio de 2026. La investigación se centra en la red societaria de Julio ‘Julito’ Martínez, amigo cercano de Zapatero y presunto testaferro, quien controla 39 empresas con ingresos declarados de 4,8 millones de euros entre 2020 y 2025 —a pesar de un patrimonio personal escaso, según alertó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).
¿Qué revela la alerta de la ONIF sobre Julito Martínez?
La ONIF, dependiente del Ministerio de Hacienda, emitió una advertencia formal en febrero de 2026. Destacó una discrepancia estructural: un patrimonio personal mínimo contrastado frente a una red de 39 sociedades gestionadas por Julio Martínez.
Ingresos vs. patrimonio real
- Los ingresos declarados por sus empresas entre 2020 y 2025 suman 4,8 millones de euros.
- Martínez no justificó origen lícito para activos significativos vinculados a contratos públicos y operaciones inmobiliarias.
- La ONIF vinculó esta anomalía a posibles operaciones de ocultación patrimonial, no a errores contables.
¿Por qué la Audiencia Nacional asumió la causa?
El caso fue remitido a la Audiencia Nacional tras superar el umbral de competencia territorial y de gravedad. Afecta a múltiples jurisdicciones: fiscal, penal y administrativa.
Factores que activaron la competencia nacional
- Presencia de contratos con entidades públicas estatales.
- Uso de sociedades interpuestas en paraísos fiscales.
- Indicios de coordinación entre actores políticos y empresariales en licitaciones de infraestructuras.
¿Qué dice el marco legal sobre el tráfico de influencias?
El Código Penal español (artículo 428) tipifica el tráfico de influencias como delito cuando una persona ejerce presión indebida sobre funcionarios para obtener ventajas. No exige que el influjo se materialice: basta con la promesa, ofrecimiento o intento.
Elementos clave para la imputación
- Existencia de relación de confianza o proximidad entre el imputado y autoridades públicas.
- Actos concretos de intermediación no autorizada en procesos de contratación.
- Beneficios económicos derivados para terceros vinculados.
¿Cuál es el impacto económico y político del caso Plus Ultra?
El caso no es solo judicial: afecta la confianza en los mecanismos de control de la ética pública y la transparencia institucional. Su desarrollo coincide con la fase final de la legislatura y con la preparación de las elecciones generales de 2027.
Datos Clave
- La red societaria de Julito Martínez incluye 39 empresas activas, 12 de ellas constituidas tras 2021.
- El valor declarado de su patrimonio personal es inferior a 180.000 euros, según Hacienda.
- Las empresas vinculadas facturaron 4,8 millones de euros entre 2020 y 2025, con un 63 % procedente de contratos con administraciones públicas.
- La ONIF detectó 17 operaciones sospechosas de circularidad financiera entre sociedades del grupo.
El caso Plus Ultra pone bajo lupa la aplicación efectiva de la Ley de Transparencia, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Su resolución marcará un precedente en la exigencia de responsabilidad política postejecutiva, especialmente en contextos de asesoramiento no declarado y redes de influencia informal. La Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado la ampliación de la investigación a otros exaltos cargos y asesores cercanos al entorno de Zapatero. El PSOE ha calificado la imputación como un «linchamiento», aunque ha reafirmado su compromiso con la imparcialidad judicial y la rendición de cuentas.