Una trama inmobiliaria que involucra suelos públicos del Ministerio de Defensa, ADIF, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y fondos Next Generation ha saltado a la luz tras la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO). El caso gira en torno a Leire Díez, exmilitante del PSOE, y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su plan buscaba recalificar terrenos estatales para promover vivienda y vender parcelas a un promotor privado.
¿Qué terrenos públicos estaban en juego?
Los documentos intervenidos por la UCO identifican suelos propiedad del Estado gestionados por el Ministerio de Defensa y ADIF. Estos terrenos no eran urbanizables. La operación pretendía cambiar su clasificación mediante instrumentos de planeamiento local o autonómico.
Esto requiere autorización expresa del Gobierno. No basta con acuerdos entre particulares y exfuncionarios. La Ley del Suelo exige transparencia, informes técnicos y evaluación de impacto urbanístico.
El papel de los fondos europeos
Los documentos mencionan la posible participación de fondos Next Generation. Estos recursos están sujetos a estrictos controles de la Comisión Europea. Su uso en operaciones con conflicto de intereses o sin licitación pública es ilegal.
La figura del ICO como financiador
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) no puede actuar como banca privada. Su misión es apoyar proyectos estratégicos con garantías públicas. Financiar una operación liderada por exaltos cargos sin evaluación independiente viola su Estatuto y la Ley General de Entidades Crédito.
¿Quién era el promotor implicado?
Leonardo Sánchez-Heredero, calificado por Díez como la «236º mayor fortuna de España», aparece en tres anotaciones manuscritas. Es dueño de Inypsa, Parcesa y Grupo Inmobiliario Delta. También fue tesorero de ASPRIMA, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid.
Su vinculación con el exalcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, se describe como clave para “facilidades en la adquisición de terrenos y financiación”. Esta relación refuerza la sospecha de uso indebido de redes de influencia.
El eje Alcobendas-Madrid
Díez anota que Alcobendas es un “eje de negocio”. La ciudad ha sido escenario de múltiples operaciones de suelo en los últimos años. Su planificación ha generado críticas por falta de transparencia y por acuerdos opacos con promotores.
¿Qué dice la ley sobre la recalificación de suelos públicos?
La Ley del Suelo y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público prohíben que exfuncionarios participen en operaciones que afecten a bienes que gestionaron. Esto es incompatibilidad post-laboral.
Vicente Fernández dejó la SEPI en 2024. Su reunión con Sánchez-Heredero el 13 de enero de 2025 cae dentro del periodo de prohibición. Lo mismo aplica a Díez, que tuvo responsabilidades en el PSOE madrileño relacionadas con política territorial.
El riesgo para las arcas públicas
Recalificar suelos públicos sin contrapartida social o sin concurso público supone una pérdida de valor para el Estado. Un terreno rústico puede valer 10 €/m². Urbanizado, su precio supera los 1.000 €/m². La diferencia es patrimonio público que desaparece.
¿Cuál es el impacto económico real de esta trama?
- Se estima que los terrenos implicados suman más de 300 hectáreas en zonas estratégicas de Madrid y su corona metropolitana.
- El valor potencial de la operación supera los 1.200 millones de euros, según cálculos preliminares de técnicos urbanistas.
- La participación del ICO y fondos Next Generation habría multiplicado el riesgo fiscal: hasta un 70 % de la financiación podría haber sido pública.
- La operación habría beneficiado a un único promotor, sin licitación ni competencia. Esto viola el principio de igualdad y el artículo 135 de la Constitución.
Datos Clave
- La UCO intervino una libreta manuscrita de Leire Díez con referencias a Sánchez-Heredero, Fernández, ADIF, Defensa, ICO y Next Generation.
- Se registraron al menos tres reuniones entre el promotor y exaltos cargos entre noviembre de 2024 y enero de 2025.
- El Ministerio de Transportes y el Ministerio de Defensa no autorizaron ningún cambio de calificación en los terrenos citados.
- La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias previas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación.
¿Qué marco legal regula la participación de exfuncionarios en operaciones inmobiliarias?
La Ley 53/1984 de Incompatibilidades y el Real Decreto 231/2023, que regula el régimen ético de altos cargos, prohíben actividades que puedan generar conflicto de intereses durante dos años tras dejar el cargo. Fernández y Díez no cumplieron este plazo.
Además, la Ley de Transparencia exige publicar cualquier reunión entre cargos públicos y agentes económicos. Ninguna de las citas aparece en los registros oficiales.
El caso no es aislado. Refleja una práctica sistémica: la conversión de suelo público en negocio privado sin control democrático. La respuesta no es solo judicial. Requiere reformas en la gestión del suelo, la rendición de cuentas de los fondos europeos y la vigilancia ética de los exaltos cargos.