Miles de docentes, familias y estudiantes marcharon por el centro de Madrid el 14 de junio de 2026. Exigieron financiación equitativa, ratios reducidas, infraestructura climatizada y revalorización salarial. La protesta evidencia una crisis sistémica en la educación pública madrileña, agravada por doce años de estancamiento presupuestario y desinversión estructural.
¿Por qué se ha convocado esta manifestación en Madrid?
La movilización responde a una acumulación de tensiones crónicas. La Comunidad de Madrid mantiene desde 2014 una política de congelación de plantillas docentes. Eso ha generado una pérdida neta de 6.000 trabajadores en la enseñanza pública. Al mismo tiempo, se ha ampliado la red de centros concertados, cuyos conciertos están blindados por 10 años mediante ley autonómica.
Esto distorsiona el equilibrio entre oferta pública y privada financiada con fondos públicos. La ratio media por aula supera los 25 estudiantes en primaria, muy por encima del límite recomendado por la OCDE (20). La falta de profesorado de apoyo agrava la atención al alumnado con necesidades educativas específicas (NEE).
¿Cuál es el impacto económico real de la desinversión educativa?
La subfinanciación tiene costes cuantificables. Según datos del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, cada alumno en centro público recibe un 18 % menos de inversión per cápita que en concertado. Esa brecha se traduce en déficit de mantenimiento, ausencia de instalaciones climatizadas, y sobrecarga laboral.
El salario medio del profesorado madrileño es el más bajo de España: un 12 % por debajo de la media nacional. Esa brecha se agrava con la inflación acumulada del 22 % desde 2022. La pérdida de poder adquisitivo ha disparado la tasa de abandono temprano: un 14 % de docentes con menos de 5 años de experiencia dejó la enseñanza pública en 2025.
Infraestructura obsoleta y riesgo sanitario
Más del 62 % de los colegios públicos madrileños carecen de sistemas de climatización. En junio de 2026, las temperaturas superaron los 38 °C en aulas sin ventilación. La plataforma ‘Aprender sin calor’ documentó 47 casos de deshidratación infantil en centros de la capital durante la última semana de mayo.
¿Qué marco legal regula la financiación y el acceso a la educación pública?
La Ley Orgánica 3/2020 de Educación (LOMLOE) establece el derecho a una educación pública, laica y de calidad. Sin embargo, la Ley 10/2014 de la Comunidad de Madrid permite la prolongación indefinida de conciertos educativos, debilitando la capacidad de planificación de la administración pública.
Además, el Real Decreto 27/2022 obliga a garantizar condiciones de salubridad en centros educativos, pero carece de mecanismos sancionadores. No existe un plan autonómico de renovación de instalaciones con calendario ni presupuesto vinculante.
La huelga indefinida como próximo paso
CCOO y UGT han anunciado una huelga indefinida a partir de octubre de 2026, si no hay avances en tres ejes: aumento salarial del 8 %, reducción de ratios a 18 en primaria y 20 en secundaria, y dotación de 150 millones de euros para climatización urgente.
¿Qué datos clave resumen la situación actual?
- La Comunidad de Madrid tiene 6.000 docentes menos que en 2014.
- El salario medio docente es el más bajo de España: 2.140 €/mes.
- El 62 % de los colegios públicos carece de climatización.
- Los conciertos educativos están blindados por 10 años mediante ley autonómica.
- Se registraron 47 casos de deshidratación infantil en aulas en mayo de 2026.
La protesta no es un episodio aislado. Es la expresión de un fracaso de gobernanza educativa. La desinversión no solo afecta a la calidad del aprendizaje. Amenaza la sostenibilidad del sistema, la equidad territorial y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4). La presión ciudadana y sindical marca un punto de inflexión: o se reequilibra la inversión pública, o se profundizará la fractura entre una educación pública debilitada y una red concertada consolidada con fondos públicos.