Julija Pogacar, niña eslovena de 10 años en 2021, lleva 4 años y 7 meses desaparecida tras ser sustraída por su madre, Melisa Smrekar. La Policía Nacional investiga su paradero en Gran Canaria, tras una pista que vincula al caso con redes de sectas destructivas y activismo antivacunas. El padre, Peter Pogacar, denuncia el aislamiento forzado y la ruptura sistemática de vínculos familiares.
¿Qué se sabe del secuestro parental de Julija Pogacar?
El 1 de noviembre de 2021, Julija fue vista por última vez en la casa de su padre en Eslovenia. Dos días después, su madre la retiró del país sin autorización judicial. No hubo notificación a las autoridades ni a la familia. Desde entonces, no hay rastro verificable de su paradero ni de su estado de salud o escolarización.
La justicia eslovena emitió una orden de búsqueda internacional y Europol activó el caso bajo el marco del Reglamento Bruselas II bis, que regula la competencia judicial en asuntos de menores entre Estados miembros.
La pista española: Gran Canaria como posible refugio
Peter Pogacar viajó a España tras recibir información sobre una posible residencia de Melisa y Julija en Gran Canaria. Allí se reunirá con la UFAM y con el Servicio de Información de la Policía Nacional, especializado en redes sectarias. La isla no es un destino aleatorio: tiene una alta concentración de comunidades alternativas y bajo índice de control migratorio en zonas rurales.
¿Cómo se relaciona el caso con sectas antivacunas?
Melisa Smrekar habría entrado en contacto con el círculo de Lana Praner, gurú eslovena que promueve teorías conspirativas sobre microchips en vacunas, control mediante 5G y supuesta vigilancia estatal. Estas ideas no son meras creencias aisladas: la Fiscalía General del Estado incluyó a grupos similares en su informe 2025 sobre riesgos para menores por aislamiento ideológico y negación de atención médica.
El impacto económico del secuestro parental
Cada caso de secuestro internacional de menor cuesta al Estado español entre 120.000 y 350.000 euros, según datos del Ministerio del Interior (2025). Los gastos incluyen coordinación con Europol, desplazamientos de agentes, análisis forense digital y apoyo psicosocial a la familia. En este caso, se suma la complejidad de investigar redes descentralizadas y sin huella bancaria clara.
¿Qué marco legal protege a Julija en España?
España ratificó el Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores, que obliga a la restitución inmediata del menor si se demuestra la residencia habitual y la violación del derecho de custodia. Además, el Código Penal español tipifica el secuestro parental como delito (art. 225 bis), con penas de 2 a 4 años de prisión y pérdida de patria potestad.
La estrategia de investigación actual
Los agentes analizan patrones de consumo digital, movimientos bancarios en monedas alternativas y registros de alojamientos en zonas rurales de Gran Canaria. También cruzan datos con la Agencia Española de Medicamentos, tras sospechar que Melisa evita vacunaciones obligatorias para menores.
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos?
- Julija Pogacar tiene ahora 14 años y su última fotografía conocida data de 2021.
- Melisa Smrekar no tiene antecedentes penales, pero sí historial de negación de tratamientos pediátricos.
- La gurú Lana Praner fue investigada en 2024 por la Fiscalía de Delitos contra la Salud Pública en Eslovenia.
- El caso activó el Protocolo de Alerta Ámber Europeo en 2022, aunque no se publicó por riesgo de alertar al sujeto.
- La UFAM de Gran Canaria ha abierto una línea de denuncias anónimas exclusiva para este caso.
Datos Clave
- El secuestro parental es un delito transfronterizo con alta tasa de impunidad si no hay coordinación judicial rápida.
- Las sectas antivacunas están siendo monitoreadas por Interpol como redes de riesgo para la protección infantil.
- España recibió 147 solicitudes de restitución bajo el Convenio de La Haya en 2025: solo el 58 % se resolvieron en menos de 6 meses.
- La desinformación médica ya forma parte de los informes periciales en juicios de custodia, según el Consejo General del Poder Judicial (2026).
- El uso de criptomonedas y redes descentralizadas dificulta el rastreo financiero en el 73 % de los casos recientes de desaparición con perfil ideológico.