María José Catalá negó rotundamente ante el Congreso haber recibido instrucciones directas o indirectas de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2025. Esa fecha marcó el pico de la dana en la Comunidad Valenciana. Su testimonio forma parte de la comisión de investigación parlamentaria. Catalá actuó como alcaldesa de Valencia y como líder del PP en la región. Ambos roles intensificaron el escrutinio sobre su gestión y su relación con el ex-president de la Generalitat.
¿Recibió Catalá órdenes de Mazón durante la emergencia?
Catalá respondió con un «no» tajante a la diputada de ERC, Teresa Jordà, cuando se le preguntó si había recibido indicaciones del entonces president. No hubo ambigüedades. No hubo matizaciones. Su negativa fue explícita y repetida. La alcaldesa subrayó que no participaba en los grupos de WhatsApp del Consell. Tampoco tenía acceso a sus decisiones operativas en tiempo real.
El contexto del grupo de WhatsApp del Consell
Los mensajes del grupo de WhatsApp del Gobierno valenciano del 29 de octubre se hicieron públicos cinco días antes de su comparecencia. En ellos, Mazón pidió a sus consellers «inundar de datos los medios de comunicación». El objetivo era generar «sensación de alerta». Esa estrategia comunicacional ha sido cuestionada por su posible impacto en la percepción pública y en la coordinación real de emergencias.
¿Qué papel tuvo Catalá en la gestión de la dana?
La alcaldesa asumió responsabilidades locales sin delegar. Activó el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). Coordinó con Protección Civil, Bomberos y Emergencias 112. Supervisó puntos críticos como el cauce del Turia y barrios bajos de Valencia. Su actuación se enmarcó en el marco competencial municipal, no en el autonómico.
La brecha entre competencias locales y autonómicas
El Ayuntamiento de Valencia carece de atribuciones para decretar el nivel de alerta roja. Esa competencia corresponde exclusivamente a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y a la Generalitat. Catalá no podía emitir alertas oficiales. Solo podía reaccionar ante ellas. Esta división de competencias explica por qué su respuesta fue operativa, no preventiva.
¿Qué implica legalmente la negativa de Catalá?
Su declaración no exime al PP valenciano de responsabilidad política. El Código Penal y la Ley de Responsabilidades Patrimoniales de las Administraciones Públicas establecen límites claros. Si se acredita una omisión grave en la transmisión de información crítica, podría derivar en responsabilidad administrativa o incluso penal. Hasta ahora, no hay indicios de que Catalá haya incumplido sus deberes legales.
El impacto económico de la dana en Valencia
La dana causó daños estimados en más de 1.200 millones de euros en la Comunidad Valenciana. Valencia capital registró el 40 % de las pérdidas. El sector turístico, la agricultura y la infraestructura vial fueron los más afectados. La gestión de la emergencia influyó directamente en la velocidad de recuperación económica. Una coordinación deficiente entre niveles de gobierno retrasó ayudas y amplió los costes.
¿Cómo afecta esto al futuro político del PP en la Comunidad Valenciana?
La persistencia del nombre de Mazón en la agenda parlamentaria evidencia una crisis de liderazgo interna. Catalá representa la continuidad del PPCV, pero su vinculación con el expresident genera fricción. Los votantes exigen claridad sobre quién decidió qué y cuándo. La transparencia en la gestión de emergencias ya no es un valor secundario. Es un requisito de gobernabilidad.
Datos Clave
- Catalá negó haber recibido instrucciones directas o indirectas de Mazón el 29 de octubre.
- Los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell revelaron una estrategia comunicacional centrada en la «sensación de alerta».
- La alcaldesa actuó dentro de sus competencias municipales, sin facultad para decretar alertas oficiales.
- La dana causó más de 1.200 millones de euros en daños en la Comunidad Valenciana.
- La comisión de investigación del Congreso sigue abierta; no hay conclusiones definitivas ni imputaciones formales.
El caso trasciende lo político. Refleja las tensiones estructurales entre niveles de gobierno en emergencias climáticas. También pone en evidencia la necesidad de protocolos claros de comunicación interadministrativa. La gestión de riesgos ya no depende solo de la previsión técnica. Depende de la integridad institucional y la coherencia narrativa en tiempo real.