La visita del Papa León XIV a España ha dejado una estela de críticas desde el colectivo de víctimas de abusos eclesiales. El portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA), Miguel Hurtado, denunció públicamente la ausencia de compromiso concreto del Pontífice hacia las víctimas de la Abadía de Montserrat, considerada la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña. Su reclamo no es solo moral: exige que se reactive la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, actualmente estancada en el Congreso.
¿Por qué se ha paralizado la ley de imprescriptibilidad?
La norma, conocida también como ley de Derecho al tiempo, busca eliminar los límites temporales para perseguir judicialmente abusos sexuales cometidos contra menores. Su tramitación se ha congelado desde mayo de 2026. Según Miguel Hurtado, la inacción responde a una decisión política: evitar incomodar al Papa durante su gira oficial.
Esta parálisis no es técnica. Es estratégica. La ponencia parlamentaria encargada de su debate no ha sido convocada. Tampoco se ha fijado fecha para su inclusión en el orden del día del Congreso.
El impacto económico de la impunidad
La falta de ley tiene costes reales. Cada año, al menos 1.200 denuncias por abuso sexual infantil prescriben en España. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 68 % de los casos archivados entre 2022 y 2025 lo fueron por caducidad. Eso implica una pérdida estimada de 42 millones de euros anuales en costes judiciales evitables y una carga adicional para los servicios de salud mental pública.
¿Qué dice el marco legal actual?
Actualmente, el Código Penal español establece plazos de prescripción que van de 5 a 20 años, dependiendo de la gravedad del delito y la edad de la víctima. Pero estos plazos comienzan a contar desde la comisión del hecho, no desde su descubrimiento. Eso penaliza a quienes, por trauma o miedo, tardan décadas en denunciar.
La propuesta de ley busca aplicar el principio de no retroactividad limitada: no afecta a sentencias firmes, pero sí permite reabrir causas archivadas por prescripción si la víctima tiene menos de 18 años al momento del abuso.
La presión internacional y el estándar europeo
España incumple la Convención de Lanzarote del Consejo de Europa, que obliga a los Estados miembros a eliminar barreras procesales para la persecución de abusos infantiles. Países como Francia, Alemania y Bélgica ya han derogado la prescripción para estos delitos. La Comisión Europea ha advertido que el retraso español podría derivar en sanciones por incumplimiento de obligaciones de derechos humanos.
¿Qué papel jugó la visita del Papa León XIV?
La gira papal no fue solo religiosa. Fue diplomática. El Pontífice se reunió a puerta cerrada con seis víctimas, pero evitó cualquier acto público en Montserrat. No pronunció la palabra pederastia, reparación ni justicia en su discurso en la Abadía.
En cambio, su mensaje a la Conferencia Episcopal Española sí incluyó la palabra plaga, refiriéndose a los abusos. Esa ambivalencia alimentó la percepción de que la prioridad fue la imagen institucional, no la reparación real.
La escenificación diplomática vs. la exigencia ciudadana
Hurtado calificó la visita como un «auténtico fracaso» por su enfoque en la escenificación diplomática, en lugar de en la implementación de medidas concretas. La presencia de figuras del entretenimiento como Bad Bunny, frente a la ausencia de representantes de plataformas de víctimas, reforzó esa lectura.
¿Qué exigen las víctimas ahora?
Hurtado reclamó, frente a la Puerta de los Leones del Congreso, una reunión urgente con el Ministro de Justicia, Félix Bolaños, para exigir la convocatoria inmediata de la ponencia. Su objetivo: aprobar la ley en septiembre de 2026, antes de que una posible convocatoria electoral la haga caducar.
Además, pidió a los partidos que soliciten la comparecencia del ministro, para exigir transparencia sobre los motivos de la paralización. Ya lo han hecho ERC, Podemos y, próximamente, Junts.
Datos Clave
- La ley de Derecho al tiempo lleva 47 días sin avances parlamentarios.
- El 68 % de los casos de abuso infantil archivados en 2025 prescribieron.
- España incumple la Convención de Lanzarote desde 2011.
- La Abadía de Montserrat acumula 32 denuncias públicas de abusos desde 2018.
- La imprescriptibilidad ya rige para delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, pero no para abusos sexuales a menores.