Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha desmantelado una red criminal especializada en el tráfico de hachís entre Canarias y la Península. Se han detenido a 25 personas, incautado más de 7.500 kilogramos de hachís, dinero en efectivo, armas y documentación clave. La investigación duró ocho meses y reveló vínculos con el norte de África y Sudamérica.
¿Qué reveló la operación conjunta contra el tráfico de hachís?
La investigación comenzó a finales de 2025, cuando ambos cuerpos detectaron coincidencias en sus pesquisas sobre un narcotraficante canario de alto perfil. La coordinación permitió identificar una estructura jerárquica con capacidad logística marítima y terrestre. La red operaba en varias islas y usaba vigilancia y contravigilancia para evadir controles.
Infraestructura marítima clave para el ingreso de droga
Los investigadores confirmaron que la organización contaba con embarcaciones propias y contactos en puertos estratégicos. Estas embarcaciones transportaban cargamentos desde el norte de África. El hachís se almacenaba en naves industriales camufladas y se redistribuía mediante vehículos cambiantes y rutas no convencionales.
¿Cómo operaba la red criminal en Canarias y la Península?
La red mantenía células operativas en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Desde allí, coordinaba envíos a ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. Usaba correos falsos, paquetería privada y transporte terrestre con documentación alterada. La logística incluía puntos de acopio temporales y mensajeros de bajo perfil para minimizar riesgos.
Uso intensivo de tecnología para evadir controles
Los miembros rotaban teléfonos móviles cada 48 horas. Empleaban aplicaciones cifradas y servidores en el extranjero. Algunos líderes usaban identidades falsas registradas en registros mercantiles y bancarios. La red también adquirió propiedades bajo testaferros para blanquear ingresos.
¿Cuál es el impacto económico y legal de esta operación?
El valor estimado del hachís incautado supera los 30 millones de euros en el mercado ilegal. La red generaba ingresos anuales superiores a 12 millones. Su desarticulación interrumpe flujos que financiaban otras actividades delictivas, como trata de personas y corrupción local. Desde el punto de vista legal, la operación se enmarca en la Ley Orgánica 4/2015 contra la criminalidad organizada y en el Plan Nacional sobre Drogas 2023–2027.
Coordinación institucional como factor clave
Esta actuación refuerza el modelo de cooperación intercuerpos impulsado por el Ministerio del Interior. La Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación por la gravedad y transnacionalidad del caso. Los 16 detenidos en prisión provisional responden a delitos de tráfico de drogas agravado, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
¿Qué datos clave debe conocer el ciudadano?
- 25 personas detenidas, 16 ya en prisión provisional
- 7.500 kg de hachís incautados, el mayor volumen en Canarias desde 2022
- Red con conexiones operativas en norte de África y Sudamérica
- Uso sistemático de vigilancia y contravigilancia para detectar seguimientos
- Valor económico estimado del cargamento: más de 30 millones de euros
- Operación desarrollada bajo el marco de la Ley Orgánica 4/2015
El caso evidencia la persistencia de rutas marítimas en el tráfico de drogas hacia España. También subraya la necesidad de reforzar controles en puertos secundarios y la cooperación con países de origen y tránsito. Desde el punto de vista económico, la incautación evitó la inyección de millones en la economía sumergida. Desde lo jurídico, sienta un precedente en la aplicación de figuras agravadas por la dimensión transnacional y el uso de infraestructura logística compleja.