Al menos 920 muertos y 3.360 heridos tras dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela. El estado de La Guaira soportó el mayor impacto estructural y humano. Las réplicas continúan. La respuesta gubernamental enfrenta críticas por su lentitud y falta de coordinación. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denuncia la ausencia de planes de gestión de riesgos sísmicos y de infraestructura resiliente. El rescate sigue activo, pero con escasez de equipos especializados y apoyo logístico internacional limitado.
¿Cuál es el balance oficial de víctimas y daños tras los terremotos?
El Gobierno venezolano no ha actualizado cifras oficiales desde el viernes 26 de junio. La cifra de 920 fallecidos y 3.360 heridos proviene de fuentes consolidadas de la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos (ONGR) y organismos de la ONU en Caracas.
Daños en infraestructura crítica
- Más de 1.200 edificios colapsados en La Guaira, incluidos hospitales y escuelas.
- 17 puentes severamente afectados en la región central.
- Cortes eléctricos prolongados en 8 estados; solo el 32 % del sistema eléctrico nacional opera con estabilidad.
¿Qué dice la respuesta gubernamental sobre los rescates?
La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó que el rescate de personas con vida es la prioridad absoluta. Sin embargo, no ofreció cronogramas ni indicadores de cobertura operativa.
Limitaciones reales en el terreno
- Falta de equipos de detección sísmica portátiles y cámaras endoscópicas para zonas de escombros.
- Solo 3 equipos caninos certificados operan en La Guaira, frente a una necesidad mínima de 12.
- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reportó retrasos en la movilización por fallas en el sistema de geolocalización militar.
¿Por qué la oposición califica la respuesta como insuficiente?
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) responsabiliza al Estado por la ausencia de un Plan Nacional de Prevención Sísmica vigente. El último documento actualizado data de 2014 y no incluye protocolos para sismos de magnitud 7+.
Fallas estructurales en la gestión de riesgos
- El Sistema Nacional de Protección Civil carece de financiamiento desde 2022.
- No existe una base de datos pública de edificios con certificación antisísmica.
- Menos del 12 % de las escuelas públicas en zonas sísmicas cumplen con normas de resistencia sísmica mínima.
¿Cuál es el marco legal y económico actual para la respuesta a desastres?
La Ley Orgánica de Protección Civil y Gestión de Riesgos (2017) establece responsabilidades claras, pero su aplicación es inexistente en la práctica. El presupuesto asignado al sector en 2026 fue de USD 4,2 millones, menos del 0,03 % del gasto público total.
Datos Clave
- Los dos terremotos ocurrieron con 18 minutos de diferencia, generando efecto acumulativo en estructuras ya debilitadas.
- Venezuela no forma parte del Sistema de Alerta Temprana de Sismos del Caribe (CARIBE WAVE) desde 2021.
- El Fondo de Desastres Naturales del Banco Central no ha sido activado desde 2019.
- La Cooperación internacional ha entregado solo el 19 % de la ayuda comprometida, según la OCHA.
- El costo estimado de reconstrucción supera los USD 2.100 millones, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El impacto económico ya se refleja en la caída del 14 % de la producción industrial en La Guaira y la suspensión de operaciones en el Puerto de La Guaira, responsable del 38 % de las importaciones nacionales. La falta de un sistema de monitoreo sísmico nacional funcional agrava la incertidumbre. Las autoridades locales carecen de acceso a datos en tiempo real del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), cuyos sensores están operativos al 41 %.