RTVE ha abierto un expediente disciplinario contra siete de los nueve miembros del Consejo de Informativos de RNE, acusándolos de faltas muy graves. La sanción podría llegar al despido. El motivo: sus resoluciones críticas sobre el informativo 24 horas, donde señalaron afectaciones al rigor periodístico y a la credibilidad del servicio público. La plantilla lo califica como represalia tras un año de protestas conocidas como viernes negros.
¿Qué justifica el expediente disciplinario contra el Consejo de Informativos?
La dirección de RTVE activó el procedimiento tras una denuncia interna por presunto maltrato psicológico presentada por la directora del área, RM. Sin embargo, la investigación se inició meses después de que el Consejo emitiera dos resoluciones oficiales: una el 28 de enero y otra el 25 de marzo de 2026. En ambas, alertaron sobre desviaciones editoriales en 24 horas.
Estas resoluciones forman parte de las funciones legales del Consejo, establecidas en la Ley 17/2006 de RTVE. Su rol es supervisar la independencia, calidad y pluralidad de los contenidos informativos.
¿Es legal sancionar a un órgano de control por ejercer sus funciones?
No. El Consejo de Informativos no es un órgano consultivo. Es un mecanismo de garantía editorial con rango legal. Su independencia está protegida por el artículo 21 de la Ley 17/2006 y por la Carta de los Derechos y Deberes de los Profesionales de RTVE.
Sancionar a sus miembros por emitir resoluciones críticas vulnera el principio de independencia editorial. Además, el Tribunal Constitucional ha reiterado que los controles internos no pueden ser objeto de represalia administrativa.
El vacío de transparencia en el procedimiento
Los siete miembros citados no recibieron notificación previa sobre la identidad de la denunciante ni sobre los hechos concretos que se les imputan. Solo supieron del proceso al llegar a la entrevista con un psicólogo externo contratado por RTVE. Fuentes internas aseguran que este profesional ya tenía “conclusiones previas”, lo que cuestiona la objetividad del proceso.
¿Qué impacto tiene este caso en la financiación y credibilidad de RTVE?
El caso afecta directamente la confianza ciudadana en el servicio público audiovisual. En 2025, RTVE recibió 1.340 millones de euros de fondos públicos. Cualquier percepción de interferencia política o directiva en los controles editoriales erosiona su legitimidad ante los contribuyentes.
Además, el Informe Anual de la Comisión de Control Parlamentario de 2025 señaló una caída del 12 % en la percepción de imparcialidad de RNE entre los oyentes. Este expediente agrava esa tendencia y pone en riesgo futuras decisiones presupuestarias en el Congreso.
La parálisis del control interno
El Consejo de Informativos no ha emitido resoluciones desde marzo. Su inactividad forzada debilita el sistema de autocontrol ético. Sin este contrapeso, los estándares editoriales dependen exclusivamente de la dirección, lo que contradice el modelo de gobernanza previsto por ley.
¿Qué dice el marco legal sobre los expedientes a órganos de control?
La Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público exige motivación expresa, derecho de defensa y proporcionalidad en todo expediente disciplinario. Aquí, faltan los tres elementos: no hay motivación concreta, no se garantizó el derecho de defensa y la sanción propuesta (despido) es desproporcionada frente a la emisión de informes técnicos.
También incumple la Directiva 2019/1937 de protección de denunciantes, aplicable a entidades públicas desde 2023. Los miembros del Consejo actuaron como vigilantes internos del cumplimiento ético.
Datos Clave
- El Consejo de Informativos de RNE es un órgano de control editorial obligatorio según la Ley 17/2006.
- Las resoluciones criticadas fueron emitidas en enero y marzo de 2026, dentro del ejercicio regular de sus funciones.
- RTVE archivó previamente una investigación interna sobre los mismos hechos, lo que cuestiona la coherencia del nuevo expediente.
- El 87 % de los profesionales de RNE respaldó públicamente al Consejo en una moción de confianza en mayo de 2026.
- El caso está siendo seguido por la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, que podría requerir explicaciones formales en julio.
El conflicto no es solo institucional. Es un test de resistencia del modelo de servicio público independiente frente a presiones directivas. Su resolución definirá si los mecanismos de control editorial siguen siendo efectivos o se han convertido en meros trámites formales.