El incendio de Los Gallardos, en Almería, dejó 12 muertos y 6.600 hectáreas quemadas en julio de 2026. Fue el más letal en España desde 2000. El fuego partió como un sencillo incendio de cuneta. Se descontroló por factores climáticos extremos, gestión forestal deficiente y crecimiento urbano desregulado. Las autoridades aún no lograron estabilizar las llamas al cierre del sábado 11 de julio.
¿Qué convirtió un incendio local en una catástrofe nacional?
El fuego se propagó con velocidad inusual. No fue solo mala suerte. El cambio climático intensificó las condiciones: dos años consecutivos de lluvias torrenciales en una zona semiárida generaron una explosión de esparto, pastos y matorral. Esa vegetación se secó bajo olas de calor extremo. Se convirtió en combustible homogéneo y continuo.
El viento actuó como acelerador. Pero el factor humano fue determinante. La ganadería extensiva ha desaparecido casi por completo. Sin rebaños que consuman la biomasa baja, el monte acumuló carga combustible sin control.
¿Por qué falló la prevención forestal y territorial?
El Plan Anual de Incendios de la Junta de Andalucía reconoce que la pérdida de usos tradicionales agrava el riesgo. La ausencia de explotaciones silvícolas y pastoreo permite que el combustible se acumule. Esto eleva la intensidad y la velocidad de propagación.
Además, no hubo inversión suficiente en mantenimiento de cortafuegos, limpieza de zonas de interfaz urbano-forestal ni actualización de planes de autoprotección municipal. Muchos ayuntamientos carecen de recursos técnicos para aplicar la Ley 43/2003 de Montes.
¿Cómo afectó el crecimiento urbano descontrolado?
En las cortijadas de la comarca, proliferan viviendas ocupadas mayoritariamente por extranjeros jubilados. Muchas carecen de licencia urbanística. Ecologistas en Acción las califica de ilegales. Están construidas sobre ramblas y barrancos. Sus accesos son estrechos, sin señalización ni mantenimiento.
Estas viviendas están aisladas y dispersas. No cuentan con protocolos de evacuación ni infraestructura de emergencia. El riesgo se multiplica cuando el fuego avanza hacia zonas de interfaz.
¿Qué papel jugó el marco legal y la inacción administrativa?
La ineficacia regulatoria es evidente. Si la administración no logró derribar en 23 años el hotel El Algarrobico, una obra ilegal en el parque natural de Cabo de Gata, ¿cómo garantizará la legalidad de miles de cortijos nuevos?
La Ley 8/2023 de Cambio Climático y Transición Energética exige planes locales de adaptación. Pero su implementación es desigual. En Almería, no se ha integrado aún con los planes de ordenación del territorio ni con los planes de protección civil.
Datos Clave
- El incendio calcinó 6.600 hectáreas, equivalente a más de 9.200 campos de fútbol.
- Causó 12 fallecidos, la mayor cifra de víctimas mortales en un incendio forestal español desde 2005.
- El esparto y el matorral seco fueron los principales vectores de propagación.
- Más del 70 % de las viviendas afectadas carecían de licencia urbanística, según denuncias de Ecologistas en Acción.
- La Junta de Andalucía no actualizó su Plan de Prevención de Incendios Forestales desde 2022.
El impacto económico supera los 320 millones de euros. Incluye daños a infraestructuras, pérdida de producción agrícola, costes de extinción y caída del turismo rural. El sector del olivar y el almendro, clave en la zona, perdió más del 40 % de sus plantaciones jóvenes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya advirtió en marzo de 2026 que Almería entraría en una fase de alto riesgo incendiario por sequía extrema y viento persistente. Las alertas no se tradujeron en medidas operativas concretas.
La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad obliga a proteger los ecosistemas frágiles. Pero su aplicación se diluye ante intereses inmobiliarios. La futura llegada del AVE a Vera-Almanzora ha disparado la especulación. Los anuncios de cortijos en venta se multiplicaron un 210 % en los últimos 18 meses. Sin control urbanístico, cada nueva construcción agrava la exposición al riesgo. La prevención ya no es una opción técnica. Es una obligación legal y ética.