El Partido Popular prepara una reforma urgente de la Ley de Extranjería para autorizar las devoluciones en caliente de migrantes que accedan a Ceuta y Melilla a nado. La medida busca dotar de cobertura legal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras la sentencia del Tribunal Supremo, que limitó estas prácticas a los intentos de entrada por vallas. La propuesta no se aplicará en Baleares ni en otras zonas costeras españolas.
¿Por qué el PP quiere modificar la Ley de Extranjería ahora?
La reforma responde a un cambio real en los patrones migratorios. Hasta hace poco, la presión principal se concentraba en las vallas fronterizas. Hoy, una parte significativa de las entradas irregulares se produce por vía marítima: personas que llegan a nado a las costas de Ceuta y Melilla.
Esto deja a los agentes sin marco jurídico claro para actuar. La sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio de 2026 dejó sin amparo legal las devoluciones inmediatas en estos casos. El PP considera que la normativa actual está desactualizada.
¿Qué dice la sentencia del Tribunal Supremo?
El alto tribunal estableció que las devoluciones en frontera solo son legales cuando hay una superación física de elementos de contención. Esto excluye a quienes llegan por mar sin tocar tierra firme o sin escalar estructuras.
La sentencia no prohíbe las devoluciones, pero exige que se realicen bajo procedimiento de expulsión formal, con garantías procesales. Eso ralentiza la respuesta operativa y aumenta la carga administrativa.
¿Qué cambios concretos propone el PP?
La reforma busca ampliar el artículo 69 de la Ley Orgánica 4/2000 para incluir expresamente las llegadas por vía marítima en las ciudades autónomas. El texto no modificará el régimen general de extranjería, sino que creará una excepción territorial y material.
¿Cómo afecta a los derechos fundamentales?
La propuesta incluye salvaguardias: las devoluciones solo serán posibles si no hay riesgo de devolución colectiva, tortura o persecución en el país de origen. También exige evaluación individual previa por parte de agentes debidamente formados.
No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierten de posibles vulneraciones del principio de non-refoulement, consagrado en la Convención de Ginebra.
¿Cuál es el impacto económico y operativo?
Ceuta y Melilla soportan una presión migratoria desproporcionada. En 2025, el 72 % de las entradas irregulares en España se concentraron en estas dos ciudades. El coste anual de acogida, atención sanitaria y gestión migratoria superó los 215 millones de euros, según datos del Ministerio del Interior.
La falta de herramientas legales ágiles incrementa los tiempos de procesamiento y sobrecarga los centros de internamiento. Una devolución en caliente puede reducir el tiempo de intervención de 72 horas a menos de 2 horas.
¿Qué dice el marco legal europeo?
La propuesta se alinea con la Directiva 2008/115/CE (Directiva Retorno), que permite devoluciones inmediatas en fronteras externas, siempre que se respeten las garantías del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Agencia Europea de la Guardia Fronteriza y Costera (Frontex) ha respaldado en informes recientes la necesidad de instrumentos legales adaptados a realidades fronterizas complejas.
Datos Clave
- La reforma se limita exclusivamente a Ceuta y Melilla.
- No aplica en Baleares, Canarias ni en la península.
- Busca cubrir una laguna legal tras la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2026.
- Requiere evaluación individual previa para evitar violaciones del principio de non-refoulement.
- El coste anual de gestión migratoria en ambas ciudades supera los 215 millones de euros.
- El 72 % de las entradas irregulares en España en 2025 se produjeron en esas dos ciudades.
- La propuesta no modifica el régimen general de extranjería, sino que crea una excepción territorial y material.
- Está alineada con la Directiva Retorno de la UE, pero depende de su aplicación conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos.