El Banco de España ha lanzado una licitación de 70 millones de euros para construir la infraestructura técnica del euro digital en España. El plazo para presentar ofertas finaliza el 10 de agosto de 2026. Esta acción marca un punto de inflexión en la soberanía monetaria europea. El objetivo es reducir la dependencia de sistemas de pago estadounidenses como Visa y Mastercard. La implementación se alinea con la fase piloto del Banco Central Europeo, que ya incluye a seis entidades españolas.
¿Qué implica la licitación de 70 millones del Banco de España?
La licitación, publicada el 10 de julio de 2026, tiene una duración de 36 meses. Se centra exclusivamente en servicios técnicos. No contempla diseño de política monetaria ni regulación. Su alcance abarca tres áreas clave:
Servicios de apoyo informático
Incluye gestión de entornos de desarrollo, soporte técnico continuo y monitorización de sistemas críticos. Se exige experiencia en entornos de alta disponibilidad y cumplimiento de estándares de ciberseguridad ISO/IEC 27001.
Desarrollo de software
Se requiere capacidad para construir soluciones basadas en bases de datos distribuidas, procesamiento de información en streaming y arquitecturas cloud-native. El software debe ser interoperable con los estándares del BCE y compatibles con los sistemas de pago nacionales.
Implementación de software
Incluye despliegue en entornos productivos, pruebas de estrés, integración con sistemas bancarios existentes y formación técnica a equipos del BdE. La solución final debe soportar transacciones en tiempo real y cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
¿Cómo se integra España en el piloto europeo del euro digital?
El Banco Central Europeo ha seleccionado a 36 proveedores de la eurozona. España participa con dos consorcios. El primero agrupa a Abanca, Ibercaja, Unicaja, Cecabank, Bizum y Deloitte. El segundo es una fintech madrileña especializada en pagos instantáneos. Ambos actuarán como acces point para usuarios finales durante la fase experimental.
Esta participación refuerza el papel de España como nodo tecnológico clave. También impulsa la innovación financiera nacional, con impacto directo en empleo cualificado y exportación de soluciones regtech y paytech.
¿Cuál es el marco legal y económico del euro digital en España?
El euro digital no es una moneda nueva. Es una forma de moneda de curso legal emitida por el BCE, con paridad 1:1 con el euro físico. Su marco jurídico se sustenta en el Reglamento (UE) 2023/2752, que entró en vigor en enero de 2024. En España, se aplica mediante la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la Ley 7/2023 de servicios de pago.
Económicamente, el euro digital busca reducir costes de intermediación. Se estima que podría ahorrar hasta 1.200 millones de euros anuales a la economía española en comisiones de pago transfronterizo. También fortalece la resiliencia del sistema financiero ante interrupciones en infraestructuras privadas.
¿Qué impacto tiene en la soberanía monetaria y la ciberseguridad nacional?
El euro digital es una herramienta estratégica de soberanía monetaria. Reduce la exposición a sanciones extraterritoriales y a dependencias tecnológicas. Su infraestructura debe cumplir con los estándares de la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA) y la Agencia Española de Ciberseguridad (INCIBE).
Además, exige una gobernanza clara sobre los datos transaccionales. El BdE no almacenará datos personales directos. Estos quedarán bajo custodia de los proveedores autorizados, bajo estricto control regulatorio.
Datos Clave
- La licitación del Banco de España tiene un valor de 70 millones de euros y plazo de ejecución de 36 meses.
- El plazo para presentar ofertas finaliza el 10 de agosto de 2026.
- España participa con dos consorcios en el piloto del BCE, integrando bancos, fintech y consultoras.
- El euro digital es una moneda de curso legal con paridad 1:1 con el euro físico.
- Su despliegue debe cumplir el Reglamento (UE) 2023/2752, la Ley 10/2010 y la Ley 7/2023.
- Se prevé un ahorro anual de hasta 1.200 millones de euros en costes de pago transfronterizo.