La investigación en torno al software utilizado en el máster de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha tomado un nuevo giro con la citación del presidente de Telefónica, Marc Murtra, como testigo. Esta comparecencia está programada para el próximo 28 de mayo y se enmarca dentro de la investigación liderada por el juez Juan Carlos Peinado, quien busca esclarecer la gestión y financiación del software vinculado a la cátedra que Gómez codirigió en la Universidad Complutense.
La decisión del juez de citar a Murtra se produce en un contexto donde las acusaciones populares habían solicitado la comparecencia de varios directivos de Indra y Google, empresas que han estado involucradas en el desarrollo del software en cuestión. En la providencia emitida por el juez, se menciona que la citación de Murtra y otros directivos es relevante para entender cómo se llevó a cabo la creación del sistema operativo y si hubo alguna irregularidad en su gestión.
Murtra, quien anteriormente ocupó el cargo de presidente de Indra, es considerado una figura clave en la investigación debido a su experiencia y responsabilidad en la gestión del software. Además de él, el juez ha citado a Manuel Ausaverri, director de estrategia de Indra, y a Fernando Abril Martorell, ex director ejecutivo de la compañía, para el mismo día.
El juez Peinado también ha reservado el 14 de mayo para citar a otros testigos, incluyendo a Rosauro Varo, actual vicepresidente de Telefónica y miembro del Consejo de Administración de Acciona Energía. Varo ha sido mencionado en el contexto de un contacto previo con Begoña Gómez, quien solicitó su mediación para que Telefónica participara en el desarrollo del software de la cátedra.
Las acusaciones han argumentado que la citación de estos testigos es esencial para esclarecer la naturaleza de las inversiones realizadas por Indra y Google en el software. Según documentos presentados ante el juez, Google invirtió 110.000 euros, mientras que Indra aportó 128.442 euros. Estas cifras son parte de la investigación sobre si hubo apropiación indebida por parte de Gómez y si se cometió intrusismo en la gestión del software.
El contexto de esta investigación se complica aún más con las declaraciones de otros testigos, como Fuencisla Clemares, exdirectora de Google en España y Portugal, quien ha indicado que no tenía conocimiento de los detalles de la negociación para invertir en el software. Esta falta de información ha llevado a las acusaciones a solicitar la citación de otros directivos que podrían tener información relevante sobre el desarrollo y la gestión del software.
La situación se ha vuelto más tensa con la reciente solicitud de las acusaciones populares, que han insistido en la necesidad de escuchar a aquellos que estuvieron directamente involucrados en la creación y gestión del software. La respuesta del juez, que ha decidido adelantar la citación de Murtra y otros directivos, refleja la importancia que se le otorga a este caso en el ámbito judicial.
La investigación no solo se centra en la figura de Begoña Gómez, sino que también pone en el centro de atención a grandes empresas tecnológicas y sus prácticas en la financiación de proyectos académicos. La relación entre el sector privado y las instituciones educativas está siendo examinada con lupa, y las implicaciones de esta investigación podrían tener repercusiones más amplias en la forma en que se gestionan las colaboraciones entre empresas y universidades en España.
A medida que se acercan las fechas de las citaciones, la atención mediática y pública sobre este caso continúa creciendo. La transparencia en la gestión de fondos y la ética en la colaboración entre el sector público y privado son temas que están en el centro del debate, y esta investigación podría sentar un precedente importante en la materia.