El Tribunal Supremo ha decidido aplazar su fallo en relación a la demanda presentada por el magistrado jubilado Manuel García Castellón contra la líder de Podemos, Ione Belarra. Esta demanda se centra en las publicaciones realizadas por Belarra en su cuenta personal de redes sociales, donde la diputada calificó a García Castellón de «corrupto» y «prevaricador». La cuestión principal que el tribunal debe resolver es si puede juzgar a Belarra como aforada debido a su condición de diputada o si el caso debe ser tratado en un juzgado civil.
Durante la audiencia previa, el presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sancho, otorgó un plazo de diez días a los abogados y a la Fiscalía para que se pronuncien sobre la competencia del tribunal. La decisión se basa en la necesidad de determinar si las declaraciones de Belarra fueron realizadas en el ejercicio de su función como diputada, lo que le otorgaría inmunidad parlamentaria, o si se trató de manifestaciones en su ámbito privado.
La Fiscalía ya había indicado en un informe que las declaraciones de un parlamentario en redes sociales, especialmente si son ofensivas, no están protegidas por las prerrogativas de inviolabilidad. En este sentido, la defensa de Belarra argumentó que el propio García Castellón había manifestado en el pasado que no le afectaban los ataques de políticos, lo que, según su defensa, demostraría que no hubo un daño a su honor.
Por otro lado, la abogada de García Castellón insistió en que Belarra ha ratificado sus acusaciones en diversas ocasiones, lo que refuerza su demanda. La letrada leyó un extracto en el que Belarra afirmaba estar «absolutamente convencida» de que el juez había perseguido a miembros de Podemos. La defensa de García Castellón también subrayó que el magistrado ha recibido premios después de las declaraciones de Belarra, lo que, según ellos, indicaría que no ha habido un menoscabo en su prestigio.
La Fiscalía, aunque no se opuso a las pruebas documentales presentadas, ya había calificado las afirmaciones de Belarra como «claramente ofensivas e innecesarias». En su escrito, el Ministerio Público recomendó que la indemnización solicitada por García Castellón, que asciende a 240.000 euros, se redujera a 20.000 euros, considerándola excesiva y desproporcionada.
La demanda de García Castellón se amplió después de que Belarra continuara haciendo comentarios despectivos sobre él tras el anuncio de las acciones legales. En su demanda, García Castellón argumentó que las publicaciones de Belarra constituyen una «intromisión legítima en el derecho al honor» y solicitó que el tribunal fijara una indemnización adecuada, teniendo en cuenta la gravedad de la situación y la divulgación de sus comentarios.
El magistrado también recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que la libertad de expresión, aunque está ampliamente protegida, no es ilimitada. Por su parte, Belarra ha defendido que sus comentarios son parte de su función como diputada y que deberían ser considerados dentro de su libertad parlamentaria para criticar la actuación de García Castellón.
Este caso pone de relieve las tensiones entre la libertad de expresión de los políticos y el derecho al honor de los individuos, especialmente en el contexto de las redes sociales, donde las declaraciones pueden tener un impacto significativo y inmediato. La decisión del Tribunal Supremo será clave no solo para el futuro de este caso en particular, sino también para establecer precedentes sobre cómo se manejan las declaraciones de los políticos en plataformas digitales.