El ex secretario autonómico de Emergencias de la Comunitat Valenciana, Emilio Argüeso, ha comparecido ante la Ciudad de la Justicia en València para declarar como investigado en relación con la gestión de la emergencia provocada por la dana del 29 de octubre. Argüeso, quien llegó a la sede judicial a las 9:45 horas, expresó que se ha sentido «algo» solo desde su cese en el cargo, un sentimiento que se ha visto intensificado por la presión social y las críticas que ha recibido desde entonces.
A su llegada, fue recibido por un grupo de familiares de las víctimas de la riada, quienes le gritaron «asesinos» y «sinvergüenzas». Este ambiente tenso refleja la indignación de quienes perdieron a seres queridos en la tragedia, que consideran que la respuesta de las autoridades fue insuficiente y tardía. La mujer de una de las víctimas, Victoria, fue una de las más vocales, lanzando gritos de «asesino» mientras Argüeso se dirigía a la sala donde se llevaría a cabo su declaración.
La exconsellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, también se encuentra bajo investigación y ha llegado a la Ciudad de la Justicia en un contexto similar. Ambas figuras están siendo investigadas desde el 10 de marzo, cuando la jueza decidió abrir un caso en su contra, argumentando que el aviso a la población a través del sistema EsAlert fue «tardío y erróneo». Este sistema, que debería haber alertado a la población sobre la inminente llegada de la dana, envió un mensaje a las 20:11 horas del 29 de octubre, un momento que muchos consideran demasiado tarde para evitar la tragedia.
La jueza también subrayó que la dana no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, ya que su desarrollo había sido anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De hecho, la Universitat de València había decidido suspender todas sus actividades en previsión de las condiciones climáticas adversas. Esto ha llevado a cuestionar la eficacia de la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana y la responsabilidad de los funcionarios en la toma de decisiones críticas.
Durante su declaración, Argüeso ha optado por responder únicamente a las preguntas de su abogado, una estrategia que también ha seguido Pradas. Esta decisión puede interpretarse como un intento de protegerse ante las acusaciones que enfrenta, en un contexto donde la presión pública es palpable y las emociones están a flor de piel.
La situación ha generado un intenso debate en la sociedad valenciana sobre la responsabilidad de los funcionarios en la gestión de emergencias y la necesidad de revisar los protocolos existentes. Muchos ciudadanos exigen una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de sus líderes, especialmente en situaciones que pueden tener consecuencias tan devastadoras como las vividas durante la dana.
El caso ha puesto de relieve la importancia de una comunicación efectiva y oportuna en situaciones de crisis. La capacidad de las autoridades para alertar a la población de manera adecuada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y este incidente ha dejado claro que aún hay mucho por mejorar en este aspecto.
A medida que avanza la investigación, la atención se centra no solo en las acciones de Argüeso y Pradas, sino también en la respuesta general del sistema de emergencias de la Comunitat Valenciana. La sociedad espera respuestas claras y acciones que garanticen que tragedias como la de octubre no se repitan en el futuro. La presión sobre los funcionarios para que asuman la responsabilidad de sus decisiones es cada vez más intensa, y el resultado de esta investigación podría tener repercusiones significativas en la política y la gestión de emergencias en la región.