La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia que condena a Isabel Peralta, líder del grupo de extrema derecha Bastión Frontal, a un año de prisión por un delito de odio. Esta decisión se deriva de un discurso que Peralta pronunció durante una manifestación en mayo de 2021 frente a la Embajada de Marruecos, donde instó a luchar contra la inmigración, utilizando frases que incitaban a la violencia y a la discriminación.
El caso se centra en las palabras de Peralta, quien, en el contexto de un conflicto diplomático entre Marruecos y España, expresó su rechazo a la inmigración con consignas como «No es inmigración, es una invasión» y «Muerte al invasor». Estas declaraciones fueron consideradas por los magistrados como un claro ejemplo de provocación a la discriminación y al odio, lo que llevó a su condena.
La sentencia destaca que, aunque Peralta argumentó que su discurso contenía un «mensaje político» dirigido a las instituciones, las expresiones utilizadas fueron suficientemente elocuentes para demostrar su intención de descalificar y denigrar a un colectivo específico. La sala judicial subrayó que el contenido de su discurso, que incluía referencias históricas a combates pasados, culminó en un llamamiento a la violencia, lo que transformó su mensaje político en un acto de incitación al odio.
Además de la pena de prisión, Isabel Peralta ha sido inhabilitada para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y se le ha impuesto una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros. La Fiscalía había solicitado una pena más severa, de 42 meses de prisión, argumentando que sus declaraciones habían causado un gran desasosiego entre los colectivos migrantes y musulmanes, y que constituían un atentado a la dignidad de las personas a las que se dirigía.
La sentencia también aclara que no se está sancionando la convocatoria de la manifestación ni la participación en la misma, sino las expresiones vertidas durante el evento. Esto resalta la importancia de la responsabilidad individual en el uso del lenguaje, especialmente cuando este puede incitar a la violencia y a la hostilidad hacia otros grupos.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de creciente preocupación por la proliferación de discursos de odio en España y en Europa. La condena a Peralta se suma a otros casos similares que han llevado a las autoridades a tomar medidas más estrictas contra la incitación al odio y la discriminación en el discurso público. La sentencia es un recordatorio de que las palabras tienen consecuencias y que el discurso de odio no será tolerado en una sociedad democrática.
La reacción a la condena ha sido variada, con algunos grupos defendiendo la libertad de expresión y otros celebrando la decisión como un paso necesario para combatir el extremismo y proteger a las comunidades vulnerables. La discusión sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad en el discurso público continúa siendo un tema candente en la sociedad española, especialmente en un momento en que el extremismo y la polarización parecen estar en aumento.
En conclusión, la condena a Isabel Peralta es un caso emblemático que pone de relieve los desafíos que enfrenta la sociedad en la lucha contra el odio y la discriminación. La sentencia no solo aborda el caso específico de Peralta, sino que también establece un precedente importante en la aplicación de la ley contra el discurso de odio en España, subrayando la necesidad de un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los derechos de todos los ciudadanos.