La reciente detención del exdirector financiero del Grupo Vera ha sacudido el sector de la construcción en Málaga, revelando un entramado criminal que ha llevado a cabo un expolio de más de 100 millones de euros en bienes. Este caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las empresas en concurso de acreedores y la necesidad de una supervisión más estricta en estos procesos.
Las investigaciones comenzaron en septiembre de 2023, tras una denuncia presentada ante la autoridad judicial. A partir de ahí, los agentes del Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga y la Fiscalía de la Sección de Delitos Económicos, comenzaron a desentrañar una red que operaba desde 2017. Este grupo se aprovechó de la situación de insolvencia de varias empresas del Grupo Vera, que entraron en concurso de acreedores, para llevar a cabo una serie de operaciones fraudulentas.
El modus operandi del entramado consistía en la venta de activos de las empresas concursadas a precios muy por debajo del mercado. Por ejemplo, se documentaron ventas de plazas de aparcamiento en barrios residenciales de Málaga por tan solo 1.500 euros, así como la venta de 14 viviendas en construcción en Estepona por apenas 70.000 euros. Estas transacciones se realizaban en condiciones que favorecían a los miembros de la organización, mientras que los legítimos acreedores quedaban despojados de sus derechos.
Además, el exdirector financiero del Grupo Vera utilizó su posición para obtener información privilegiada sobre los activos de gran valor de las empresas en liquidación. Esto le permitió dirigir los bienes más valiosos hacia empresas que estaban bajo el control de la organización criminal. Para llevar a cabo estas actividades, se creó un entramado de empresas ficticias que figuraban a nombre de familiares de los principales investigados, lo que complicó aún más la detección de las irregularidades.
Las investigaciones revelaron que el administrador concursal, en complicidad con el exdirector financiero, actuó en contra de los intereses de las empresas acreedoras. Se descubrió que había vendido numerosos bienes a miembros del entramado a precios irrisorios, lo que generó un doble perjuicio: por un lado, los activos se vendieron a un valor muy inferior al de mercado, y por otro, los acreedores legítimos no pudieron recuperar sus deudas.
La operación, denominada «Drave», culminó con la detención de siete personas, incluyendo al exdirector financiero y varios familiares. Durante los registros realizados en Málaga, Marbella y Casarabonela, se incautaron 426.000 euros en efectivo, un coche de alta gama y joyas valoradas en 350.000 euros. Además, se bloquearon activos financieros por un total de 2,5 millones de euros y se prohibió la disposición de 173 inmuebles y 13 vehículos, cuyo valor total asciende a 143 millones de euros.
Este caso pone de relieve la importancia de una regulación más estricta en los procesos de concurso de acreedores, así como la necesidad de una mayor vigilancia sobre las actividades de los administradores concursales. La situación actual ha dejado a muchos acreedores en una posición precaria, sin poder recuperar sus inversiones, mientras que los responsables de este entramado criminal han logrado beneficiarse de manera ilícita de los activos de las empresas en liquidación.
El impacto de este escándalo no solo afecta a los involucrados directamente, sino que también genera desconfianza en el sector de la construcción y en los procesos de insolvencia en general. La comunidad empresarial y los organismos reguladores deberán trabajar juntos para implementar medidas que eviten que situaciones como esta se repitan en el futuro, garantizando así la protección de los derechos de los acreedores y la integridad del mercado.