La exconsellera de Justicia e Interior de la Comunitat Valenciana, Salomé Pradas, se presentó ante el juzgado para declarar como imputada en relación a la gestión de la emergencia provocada por la dana que afectó a la provincia de Valencia el 29 de octubre, resultando en la trágica pérdida de 228 vidas. Durante su declaración, Pradas argumentó que su falta de experiencia en situaciones de emergencia fue un factor determinante en las decisiones tomadas durante esa jornada crítica.
Pradas, quien ocupó el mando único durante la crisis, defendió su actuación y la de su equipo, señalando que se apoyó en los técnicos para la toma de decisiones. En un intento de desvincular al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de la gestión de la emergencia, Pradas afirmó que él no tuvo influencia en el retraso del envío del mensaje de alerta a los móviles, conocido como Es Alert, que se emitió a las 20:11 horas, cuando la mayoría de las víctimas ya habían fallecido.
La exconsellera llegó al juzgado rodeada de un grupo de periodistas y en medio de protestas de familiares de las víctimas, quienes exigían justicia. A su llegada, Pradas fue recibida con gritos de «¡asesinos, cobardes!» y «¡Mazón dimisión!», lo que refleja la tensión y el dolor que aún persiste entre los afectados por la tragedia.
Su declaración, que se extendió por casi tres horas, fue un momento emotivo, ya que Pradas rompió a llorar en varias ocasiones. Comenzó su comparecencia con una exposición sobre la ley de emergencias y las competencias que tiene a nivel estatal, autonómico y municipal, aunque su preparación no evitó que se mostrara visiblemente afectada por la situación.
Uno de los puntos más controvertidos de su declaración fue el listado de cien llamadas que realizó el día de la dana, incluyendo comunicaciones con el presidente Mazón. Sin embargo, no se reveló en qué momento se realizaron estas llamadas, lo que ha generado aún más interrogantes sobre la cadena de decisiones durante la crisis.
Pradas insistió en que no hubo retraso en el envío del Es Alert, argumentando que el sistema había estado en fase de pruebas y que había múltiples factores a considerar antes de emitir la alerta. Además, justificó que no se contaba con la información necesaria sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, lo que impidió que se incluyeran recomendaciones específicas en el mensaje de alerta.
La exconsellera también dirigió críticas hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), afirmando que la información sobre el aumento del caudal del río no llegó a tiempo y que el alcalde de Utiel fue quien les informó sobre el desbordamiento del río Magro, no el organismo estatal encargado de la gestión de recursos hídricos.
El abogado de Pradas, Eduardo de Urbano, defendió su clienta tras la declaración, señalando que estuvo «al pie del cañón» durante toda la jornada y que las decisiones tomadas dependieron de la información que recibían. De Urbano destacó que Pradas respondió a un total de 140 preguntas, lo que demuestra su disposición a colaborar con la investigación.
La situación en torno a la gestión de la emergencia ha generado un intenso debate en la sociedad valenciana, con muchas voces clamando por una mayor responsabilidad y transparencia en la gestión de crisis. La declaración de Pradas es solo una parte de un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades en una de las tragedias más devastadoras en la historia reciente de la Comunitat Valenciana.