La reciente acción de Vox en el ámbito judicial ha generado un nuevo capítulo en la controversia relacionada con el rescate de Air Europa. Este lunes, la formación política ha anunciado la presentación de una nueva querella que incluye a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, así como a otros altos funcionarios implicados en el proceso de rescate de la aerolínea. La querella se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, y busca esclarecer las acciones de los involucrados en la gestión de los préstamos otorgados a la compañía durante la crisis provocada por la pandemia.
La decisión de Vox de presentar esta querella se basa en las pruebas que han surgido de la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, la formación considera que es su obligación actuar ante las evidencias que apuntan a la intervención de cargos públicos socialistas en el rescate de Air Europa a través de la empresa pública Globalia.
Uno de los elementos más destacados de la investigación es un mensaje enviado el 3 de septiembre de 2020, que revela la preocupación de Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, sobre la situación financiera de la aerolínea. En este mensaje, se menciona que Hidalgo estaba «jodido, muy jodido» y que había contactado a Begoña Gómez para buscar ayuda. Este tipo de comunicaciones han llevado a Vox a argumentar que hubo un «nexo corruptor» en las decisiones tomadas por los funcionarios involucrados.
La querella presentada por Vox no solo incluye a Begoña Gómez, sino también a Koldo García, Víctor de Aldama, Bartolomé Lora y Javier Hidalgo. La formación política sostiene que los mensajes revelados demuestran que estos individuos utilizaron su posición para influir en la decisión gubernamental de rescatar a Air Europa, lo que podría haberles proporcionado beneficios personales.
En el contexto de esta investigación, Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, ha negado haber recibido presiones del presidente del Gobierno o del exministro José Luis Ábalos para llevar a cabo el rescate. Sin embargo, ha admitido la existencia de reuniones relacionadas con el fondo de solvencia que permitió el rescate de la aerolínea. Estas reuniones también involucraron a otras figuras clave del Gobierno, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la exministra de Economía, Nadia Calviño.
La situación se complica aún más con la reciente decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien mantiene abierta una línea de investigación sobre el caso. Vox ha decidido que, a pesar de esta investigación en curso, es necesario presentar su propia querella para abordar lo que consideran una falta de transparencia y posibles irregularidades en el proceso de rescate.
El rescate de Air Europa ha sido un tema polémico desde su anuncio, especialmente en el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia. La decisión del Gobierno de otorgar préstamos por un total de 615 millones de euros ha sido objeto de críticas y cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos y la influencia de intereses privados en las decisiones gubernamentales.
La querella de Vox se suma a un creciente número de acciones legales y políticas que buscan esclarecer la relación entre el Gobierno y las empresas privadas durante la crisis. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centra en cómo se manejarán las pruebas y testimonios que surjan de esta investigación, así como en las posibles repercusiones políticas para los implicados.
En resumen, la nueva querella presentada por Vox marca un punto de inflexión en la discusión sobre el rescate de Air Europa, planteando serias preguntas sobre la ética y la legalidad de las decisiones tomadas por los funcionarios públicos en tiempos de crisis. La evolución de este caso podría tener un impacto significativo en el panorama político español, especialmente en un momento en que la confianza en las instituciones está siendo puesta a prueba.