La reciente gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en Valencia ha suscitado un intenso debate sobre la responsabilidad de las autoridades en la declaración de emergencias. La asociación Liberum ha solicitado formalmente a la juez que lleva el caso, Nuria Ruiz Tobarra, la imputación de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, así como la citación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, como testigo. Esta solicitud se produce tras la declaración de Bernabé como testigo el 14 de abril, donde se plantearon dudas sobre su actuación durante la crisis.
Liberum argumenta que la falta de solicitud de una declaración de emergencia nacional por parte de Bernabé podría implicar una responsabilidad compartida en la gestión de la crisis. En su escrito, la asociación señala que la juez ha acotado las responsabilidades de manera exclusiva a la Generalitat Valenciana, dejando de lado la posible corresponsabilidad del Gobierno central. Esto ha generado un debate sobre la necesidad de una revisión más exhaustiva de las acciones de ambas administraciones durante la DANA.
La DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2023 dejó un saldo devastador, con numerosas víctimas y daños materiales significativos. La gestión de la emergencia ha sido criticada por varios sectores, que consideran que las autoridades no actuaron con la rapidez y eficacia necesarias. En este contexto, la solicitud de Liberum busca esclarecer si se siguieron los procedimientos adecuados para la declaración de emergencia y si se tomaron las medidas necesarias para proteger a la población.
La juez Ruiz Tobarra, en un auto emitido el 10 de marzo, ya había llamado a declarar a otros responsables de la Conselleria de Emergencias, como la ex consellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso. Sin embargo, Liberum sostiene que la responsabilidad no puede recaer únicamente en la Generalitat, ya que la declaración de emergencia nacional es competencia del Ministerio del Interior, que puede actuar por iniciativa propia o a petición de la delegada del Gobierno.
En su declaración, Bernabé reconoció que no solicitó la declaración de emergencia nacional en el momento oportuno, lo que ha llevado a la asociación a pedir su imputación. Liberum argumenta que esta omisión podría haber contribuido a agravar la situación durante la DANA, y que es fundamental investigar si se siguieron los protocolos adecuados para proteger a la población afectada.
Además de la imputación de Bernabé, Liberum ha solicitado que se cite a otros directivos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, quienes podrían aportar información relevante sobre la gestión del agua y las medidas preventivas que se implementaron antes y durante la DANA. La asociación considera que es crucial esclarecer todos los aspectos relacionados con la gestión de la crisis para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
La situación actual pone de relieve la importancia de una coordinación efectiva entre las distintas administraciones en la gestión de emergencias. La falta de comunicación y la ausencia de un plan de acción claro pueden tener consecuencias devastadoras, como se evidenció durante la DANA. La sociedad exige respuestas y responsabilidades claras para garantizar que se tomen las medidas adecuadas en futuras crisis.
En este contexto, el papel de la justicia es fundamental para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados. La imputación de Bernabé y la citación de otros testigos podrían ser un paso importante hacia la rendición de cuentas y la mejora de los protocolos de emergencia en la Comunidad Valenciana. La sociedad espera que se tomen decisiones que prioricen la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, evitando que tragedias como la DANA se repitan en el futuro.